El Juzgado Noveno Penal solicitó a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas que realice el avalúo de la finca 50728, que se usó como garantía para el pago de las fianzas de los ex ministros Belgis Castro y Salvador Rodríguez, así como la del ex ingeniero municipal Jaime Salas y otras 10 personas.
Fuentes judiciales informaron de que la petición del juez Edgar López –efectuada el pasado 2 de marzo a través de una misiva dirigida al director de Catastro, Publio Cortés–, tiene la finalidad de acceder a información que permita decidir si se les revocan o no estas medidas de excarcelación a los involucrados.
El mismo día que recibió la carta, Cortés le contestó a López que su despacho ordenó ese avalúo el pasado 26 de febrero y que se realizará el 24 de marzo.
Estas acciones son producto de la investigación que abrió el procurador de la Nación encargado, Giuseppe Bonissi, sobre la finca 50728, luego de que saliera a la luz que la propiedad había servido para que tres ex funcionarios del PRD del gobierno pasado consignaran fianzas por 800 mil dólares.
Dicha finca es propiedad de Rodrigo Muñoz Sánchez, quien la compró el 12 de noviembre de 2009 por un valor catastral de $18. Esta propiedad, ubicada en el corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, tiene una hectárea de extensión y el 24 de noviembre de 2009 fue inscrita con un valor catastral de $3 millones.
En su nota, Cortés informó a López de que también se realizará un avalúo del globo de terreno 50740, inscrito por Muñoz Sánchez en el Registro Público el 30 de noviembre de 2009, el cual también es de una hectárea y con un valor catastral de 3 millones de dólares.
Ambos terrenos están en el mismo sitio y fueron segregados de una finca madre identificada como la 20202, según las investigaciones de la Dirección de Catastro.
Cortés informó de que no se ha podido ubicar personalmente a Muñoz Sánchez, por lo que se le notificará de esta diligencia judicial mediante un edicto.
El director de Catastro manifestó que sobre este caso en su despacho solo ha recibido la petición del juez.
Las otras 11 fianzas investigadas y cuyas revocatorias fueron pedidas por el Ministerio Público a distintos juzgados se encuentran pendientes de resolver.
