A las 10:00 a.m. de ayer, agentes policiales de turno en la garita de Guabalá, distrito de Tolé, detuvieron al empresario de origen libanés Jean Figali, quien desde el pasado 25 de junio mantenía una boleta de conducción para indagatoria girada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Viajaba en un automóvil Toyota Yaris, con un conductor –cuyos datos no fueron divulgados–, cuando fue sorprendido por la Policía en un puesto de control.
“Se trató de una alerta de inteligencia que recibimos en la mañana, en la que nos advertían que el empresario viajaba hacia esta provincia y que pasaría por el puesto de control de Guabalá”, contó David Ramos Villa, subcomisionado de la Zona Policial de Chiriquí.
Se cree que se dirigía a Paso Canoa, con intención de viajar a Costa Rica.
Los agentes se lo llevaron a la sede del Ministerio Público en David, donde estuvo hasta las 12:50 p.m., cuando fue puesto a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y trasladado a la ciudad de Panamá a bordo de un pick up negro Toyota Hi Lux, custodiado por otros vehículos.
En la capital, la caravana se dirigió directamente al edificio Avesa, donde están las oficinas de la fiscalía. Accedieron por una rampa que conduce a la entrada del personal, de manera que evitaron a los periodistas. A Figali se le pudo apreciar sentando en el asiento trasero del pick up negro, vistiendo una gorra de béisbol y con la cabeza agachada.
Ante el fiscal José Ayú Prado se acogió al artículo 25 de la Constitución, que le exime de declarar contra sí mismo.
El abogado José Gabriel Carrillo, que defiende a Figali junto con Carlos Carrillo y Carlos Herrera Morán, dijo que su cliente estaba cansado, que no había comido y que sufre de presión alta. El fiscal reprogramó la diligencia para hoy, y dispuso que pasara la noche custodiado en la sede de la DIJ, en Ancón.
Ayú Prado dijo que cuando Figali declare –si es que declara– decidirá si le aplica alguna medida cautelar.
José Gabriel Carrillo dijo que su cliente es un perseguido, aunque no dijo de quién. “Esos apellidos rimbombantes siempre van a mandar... A la larga, ustedes van a ver quiénes se van a quedar con ese proyecto”, dijo, en referencia a la concesión que Grupo F. –que fundó Figali– obtuvo en Amador durante el gobierno de Mireya Moscoso.
Carrillo no precisó dónde estuvo Figali desde que se giró la orden de conducción. La semana pasada él mismo declaró que creía que se encontraba de viaje, pero después contó que no sabía si estaba o no en el país.
El abogado también dijo que la investigación podría tener relación con la presentación de la cantante Shakira en Panamá, en la que figuraba la sociedad Espectáculos y Promociones Artísticas, cuya presidenta Aurora Ruiz fue extraditada a Estados Unidos por narcotráfico y blanqueo.
Hace un año, el gobierno de Ricardo Martinelli expropió a Grupo F. el relleno ilegal que hizo en Amador y rescindió el contrato de una de las cuatro parcelas que tenía en esa área. El Centro de Convenciones Figali está bajo administración judicial, ya que adeuda 8.2 millones de dólares en arriendo.
En ese centro de convenciones, Figali gestionó la celebración del concurso Miss Universo en el año 2003. Las gestiones las hizo con rango de embajador plenipotenciario. La celebración de ese certamen le costó a Panamá casi 10 millones de dólares.
