El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, elevó al procurador de la Administración, Rigoberto González, una consulta para saber si es obligatorio o no publicitar las declaraciones juradas de bienes que deben presentar los funcionarios, al iniciar y una vez concluyan su gestión.
"De acuerdo con el Fiscal, la opinión a González es requerida debido a que no existe una uniformidad de criterio, al momento de hacer pública las declaraciones de estado patrimonial, como lo establece el artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá", explica un boletín informativo enviado por el despacho de Rodríguez.
"Rodríguez sustenta su solicitud en diversas normas que establecen las razones por las cuales la declaración jurada que efectúe un servidor público, cuyo cargo se enmarque en este precepto, debe ser de conocimiento para cualquier persona, como: la Ley 59 de 1999, los artículos 1728 y 1752 del Código Civil y la Ley 6 del 22 de enero de 2002, de Transparencia en la Gestión Pública", añade el texto.
A continuación el texto completo del comunicado
