La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizett Chevalier, inspeccionará la sede del Consejo de Seguridad, en Ancón, como parte de las pesquisas del caso del equipo que se compró por $13.5 millones en 2010 para escuchas telefónicas y que desapareció con el cambio de gobierno.
El trámite responde a una denuncia interpuesta la semana pasada por Rolando López, actual director del Consejo de Seguridad, y quien reportó la desaparición de este costoso aparato. López culpó a Alejandro Garuz, último titular de esta departamento durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
Garúz, consuegro del propio Martinelli, afirmó que nunca vio nada ni supo tampoco de la existencia de este aparato. Incluso, él mismo organizó una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad para asegurar que tenía su conciencia tranquila.
Sus antecesores también negaron cualquier conocimiento de la compra de este aparato: Julio Moltó, Gustavo Pérez y Olmedo Alfaro reiteraron una y otra vez no saber al respecto.Sin embargo, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu confirmó a este diario la compra del equipo de escuchas.
De acuerdo con Papadimitriu, el artefacto fue adquirido a mediados de 2010 debido a una crisis de seguridad nacional. Por esas fechas se desarrollaron las protestas contra la Ley Chorizo, promovidas con mano de hierro por la administración de Martinelli.
Papadimitriu precisó también que la propuesta de esta compra vino de la empresa israelí M.L.M., contratada por esa época para el adiestramiento a unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) para la protección y vigilancia del mandatario.
Fue la propia M.L.M. la que le vendió también el artefacto al gobierno nacional.
En noviembre de 2010, apenas unos meses después de adquirido el equipo, la administración de Martinelli le concedió asilo a la colombiana María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, requerida por la justicia de su país por desarrollar una serie de intervenciones telefónicas para favorecer al gobierno de Álvaro Uribe.
El gobierno de Martinelli fue criticado por varios de sus opositores por supuestamente tener intervenidos sus comunicaciones. El mandatario siempre negó estos alegatos.
Ayer, por sexto día de forma consecutiva se le intentó contactar a Martinelli para que comentara sobre la desaparición del equipo y por la denuncia contra Garúz, padre de la esposa de su hijo menor, Luis Enrique. Al igual que en los intentos anteriores, no contestó.
