El Consejo de Gabinete avaló este martes 17 de enero un proyecto de ley que protege la información de carácter personal guardada en bases de datos.
Según el documento aprobado, los infractores se enfrentan a sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación o clausura de la actividad de almacenamiento de datos.
La norma –que pronto será presentada a la Asamblea Nacional para su correspondiente aprobación– exceptúa de su aplicación las gestiones que realice un ciudadano para actividades exclusivamente personales o domésticas; las que lleven a cabo autoridades competentes con fines de prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, y las que se efectúen para análisis relativos a la seguridad nacional.
Igualmente, también se excluye la información obtenida sobre historiales bancarios, de crédito de los consumidores, de seguros y otros afines.
La sanción impuesta dependerá de la gravedad y reincidencia de la falta cometida, y va desde la amonestación verbal o escrita, hasta la clausura de la base de datos.
“Para hacer cumplir la sanción de suspensión o clausura, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información [Antai] podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública”, señala una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Antai será la entidad a cargo de regular la materia. El proyecto también contempla la conformación de un Consejo de Protección de Datos Personales.
Como parte de la elaboración del documento, ANTAI –según la nota de Presidencia- mantuvo un periodo de consultas públicas “por espacio de tres meses”, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).