Adolfo Icaza, gerente de la empresa F. Icaza y Cía., S.A. que importó el bus 8B-06, no compareció ayer ante la Fiscalía Primera de Circuito a rendir declaración jurada, tal como estaba previsto en el cronograma de actividades que prevé realizar ese despacho para ampliar las sumarias del incendio del autobús, que ocurrió el 23 de octubre de 2006 y dejó 18 personas muertas.
Dionisio Rodríguez, abogado del gerente, argumentó que su cliente tenía previsto realizar un viaje a Estados Unidos desde febrero pasado y por esa razón tuvo que excusarse ante el Ministerio Público (MP).
No obstante, aclaró que Icaza regresa al país el 17 de este mes y el 18 acudirá a un careo con el dueño del bus, Ariel Ortega, y el 25 rendirá su declaración jurada.
A propósito del comienzo de las diligencias para la ampliación del expediente, familiares y víctimas del incendio realizaron una protesta frente al Ministerio Público para pedir justicia.
Consideraron una "falta de respeto" la no comparecencia de Icaza y, por ello, pidieron a la fiscal Cristina Cedeño que sea firme en el proceso.
Por su lado, el abogado de las víctimas, Víctor Martínez, solicitó la prohibición de salida del país e introdujo una querella contra Icaza y Edgardo Carles, este último también directivo de F. Icaza y Cía., S.A., así como contra los ex directores de la Autoridad de Tránsito Angelino Harris y Pablo Quintero Luna, y contra el ex director del Banco Nacional de Panamá Bolívar Pariente.
Desde antes de que comenzara la ampliación de las sumarias, ordenada en mayo pasado por el Juzgado Primero Penal, Martínez y los sobrevivientes de la tragedia han sostenido que la responsabilidad de ésta no solo recae en el dueño, en el chofer del bus, y en el técnico que hizo las reparaciones al acondicionador de aire.
Según ellos, también tienen responsabilidad quienes importaron el bus y lo comercializaron; quienes dieron el dinero para su compra y quienes autorizaron su circulación en el país.
