La gobernadora de Panamá, Gladys Bandiera, respondió con una nota de prensa los varios intentos de La Prensa por conocer una explicación ante su orden de archivar el expediente que, por posesión de explosivos, mantenía en esa entidad el empresario Cristóbal Salerno.
A Salerno se le vincula con el hallazgo, el 12 de mayo de 2006, de 195 granadas y otros explosivos como TNT y C-4 en la empresa Servicios de Promociones Norma González, ubicada en calle 37, corregimiento de Calidonia.
En el documento Bandiera justificó que "la existencia y posesión del material de guerra incautado en el allanamiento de mayo de 2006, data del mes de febrero de 1995", por lo que, a criterio de la funcionaria, no se le puede sancionar con una ley de diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, la Gobernadora no explicó en el escrito, cómo se llegó a determinar la fecha exacta de elaboración de los explosivos.
No obstante, según el artículo 5 de la Ley 53, de 12 de diciembre de 1995 publicado en la Gaceta Oficial 22931, "quien compre, venda, posea o traspase [...] explosivos o granadas, sin tener autorización legal para ello, será sancionado con pena de cuatro a siete años de prisión",
A criterio de Bandiera, al ser derogado "tácitamente" el Decreto 354 de 29 de diciembre de 1948, que regulaba el uso de armas, municiones y explosivos, "no existe norma aplicable en el proceso, por tanto, solo nos resta decretar el archivo del expediente".
De acuerdo con la Resolución C.A. 003-07 del 22 de marzo de 2007, firmada por Bandiera, se decreta "el cierre del presente negocio y ordena el archivo del expediente".
El 10 de enero de 2007, el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal de Panamá remitió a la Gobernación de Panamá el expediente con la investigación seguida a Salerno, por delito contra la seguridad colectiva, tras declinar su competencia.
Al Juzgado Primero llegó ayer el proceso para que resuelva las medidas cautelares impuestas a Salerno, Norma González, José Teng, Lizbeth Ávila y Trinidad Hernández, vinculados al caso.