Cerca de las 10:00 de la noche de ayer, los dirigentes sindicales que organizaron una huelga por 10 días en Bocas del Toro, en rechazo a la Ley 30, llegaron a un acuerdo con el Gobierno.
La huelga terminó y el Estado se comprometió a suspender -mediante otra ley- los efectos de tres artículos (12, 13 y 14) de la también llamada “ley 9 en 1”, que regulan temas laborales.
El acuerdo establece que la suspensión se mantendrá por 90 días, término en el que deberá realizarse un diálogo nacional que permita el logro de un acuerdo final.
El Gobierno también se compromete a “atender los problemas de las víctimas del conflicto, ya sea con ayuda social del FIS o indemnizaciones y/o pensiones, como gastos funerarios y ayudas a las familias de las personas fallecidas”.
En ese sentido, se informó que al menos 18 obreros han perdido uno o ambos ojos, como consecuencia de la utilización de perdigones por parte de la fuerza pública durante los enfrentamientos.
También se acordó la liberación de los detenidos en Bocas del Toro, con la promesa de que no serían procesados ni sancionados.
Lo pactado incluye también realizar un diálogo sobre la Carta Orgánica de la comarca Ngäbe Bugle; establecer una política bananera nacional, y abordar el problema del alto costo de la vida en Bocas del Toro.
El acuerdo se produjo tras un período de tensión en el que los huelguistas volvieron a las calles, al saber que el presidente, Ricardo Martinelli, había declarado que la Ley 30 no sería derogada.
El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, así como el canciller y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, junto a otros altos cargos del Gobierno -incluyendo el presidente de la Asamblea, José Muñoz- lograron sentar nuevamente a la mesa a los dirigentes sindicales.
Al conocerse el acuerdo, Gabriel Castillo -de la Coordinadora de Unidad Sindical- dijo que el llamado a huelga para el próximo martes se mantenía -así como la marcha de hoy-, ya que el acuerdo logrado solo abarca algunos aspectos laborales.
Castillo agregó que el movimiento busca la derogatoria de la Ley 30, así como las modificaciones hechas al Código Penal, que sanciona el cierre de calles.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por su parte, emitió un comunicado rechazando categóricamente el llamado a huelga y pidiendo el diálogo entre las partes en conflicto. “Este gremio es fiel testigo del daño que hace medir fuerzas cuando aún el diálogo es posible, la confrontación no conduce a nada productivo”, añade el gremio empresarial.