La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional desestimó ayer la petición de Hermann Gnaegi, delegado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, de suspender las consultas sobre el proyecto de Código Agrario hasta no delinear bien sus principios y la seguridad jurídica de los productores.
El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, proponente del proyecto, sostuvo que de aceptarse, se perdería la oportunidad de lograr una buena ley, “ya que se perdería el entusiasmo y el trabajo que se ha acumulado durante 10 años”.
Este proyecto no es de piedra, dijo, “podemos mejorarlo. Si se aprueba, bien; y si no, entonces seguiremos con la misma ley y los pleitos que duran 15 y 20 años sin resolverse”.
Gnaegi, productor ganadero en Natá, expresó que no reconocer los derechos posesorios en el texto preocupa grandemente a los productores, y sobre todo, a la banca privada y estatal, ya que aquellos mantienen hipotecas que, de expropiarse las tierras, los haría quedar en indefensión.
No obstante, el abogado Santander Tristán, del Programa Nacional de Administración de Tierras, insistió en que debe hacerse un esfuerzo por lograr esta ley en beneficio de los necesitados. Tristán aclaró que en el artículo 7, la palabra “se reserva” se refiere a las tierras del Estado.
Durante la consulta, el abogado Ovidio Díaz Espinosa elevó una propuesta para reemplazar los artículos 7 y 9, en busca de definir mejor el tema de la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para garantizar las inversiones, modernizar y mejorar la productividad del agro.
La propuesta señala que el Estado velará por el desarrollo de la actividad agraria y garantizará la seguridad alimentaria de su población. En casos de urgencia, podrá expropiar tierras que estén ociosas, siempre y cuando respete los derechos de sus titulares o de quienes tienen derechos de posesión. A ello, añade el pago de la debida indemnización.
Tanto Cigarruista como Tristán rechazaron esta propuesta alegando que contempla una expropiación extraordinaria, al incluir una indemnización.
Para el magistrado, lo que intenta este proyecto es mejorar la seguridad jurídica de quienes trabajan con derechos posesorios y no afectarlos, ya que el Estado es dueño de las tierras si no están tituladas.
También intervinieron Rolando Mejía y Eric Jiménez, ex directores de Reforma Agraria, quienes advirtieron que el proyecto está muy lejos de ser un buen Código Agrario.
Jiménez afirmó que los constantes conflictos por la tenencia de la tierra siguen sin resolverse en el texto, lo cual es fundamental.