No todo está dicho en el proceso de licitación que por estos días realiza la Asamblea Nacional para la construcción de su nueva sede.
La empresa española Icasur S.A., la cual asegura que en 2002 firmó un contrato para la construcción del edificio, está dispuesta a llevar su caso a instancias internacionales para que se la indemnice con varios millones de dólares por incumplimiento de contrato.
Edilberto Lau, uno de los abogados de esta empresa en Panamá, dijo ayer que una vez la presidencia del legislativo anuncie quién se quedará con la obra, impugnará el acto.
Reiteró que acudirán a la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, e incluso afirma que ya no exigirán $4.2 millones en concepto de indemnización, sino que el monto podría subir a $5 millones, a raíz de los gastos en la contratación de abogados, en los que Icasur ha incurrido.
“Lo que va a pasar es que los panameños pagaremos con nuestros impuestos, el precio de otra condena más en un tribunal internacional”, señaló Lau.
El abogado también negó que hayan dejado de insistir con el tema en la Asamblea, tal como lo manifestó su presidente, José Luis Varela.
Afirmó que hace tres semanas estuvo en la presidencia del Legislativo, y Varela no lo pudo atender, pero lo remitió al diputado panameñista Francisco Pancho Alemán, con quien se reunió por varias horas.
