La independencia que tiene un juez para fallar en sus casos, no es sinónimo de soberanía en "la gestión tribunalicia", advirtió el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell.
Sus palabras surgen en alusión indirecta a las voces que se han levantado, luego que él mismo pidiera a dos jueces información sobre el estado en que se hallan los procesos penal y civil que se siguen por la quiebra de la empresa Fotokina, que afectó 21 bancos y dejó pérdidas por unos 32 millones de dólares.
El pedido de Mitchell se produjo ante la posibilidad de que uno de los mayores escándalos por quiebra fraudulenta en Panamá prescriba en manos de los tribunales.
La quiebra formal de este grupo fue declarada el 11 de junio de 2002 por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito, ramo civil, pero aún está pendiente que en ese despacho se realice la práctica de pruebas.
En el Juzgado Quinto, que lleva la causa penal, está pendiente de que el Segundo Tribunal Superior devuelva el expediente, luego que se presentara un recurso a favor de uno de los tres implicados.
"Las prácticas judiciales deben respetar la Constitución y la ley, y no responder al señorío feudal en la tramitación de expedientes", dijo Mitchell a un grupo de funcionarios durante un taller en el que se validaba un manual sobre buenas prácticas judiciales.
Este manual será presentado en breve ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que lo adoptará como instrumento de trabajo en el Órgano Judicial.
Según insistió Mitchell, el juez "tiene su independencia para decidir [los casos asignados a ese despacho], pero esta independencia no es sinónimo de soberanía en la gestión tribunalicia".