La resolución aprobada anoche por los diputados presentes en el hemiciclo legislativo, constituye un primer paso en lo que podría ser la destitución de Liborio García Correa del cargo de defensor del Pueblo.
García, quien fuera elegido tercer defensor del Pueblo de la República de Panamá el pasado 23 de marzo, gracias al voto de 48 diputados, enfrentó tras su elección el rechazo de las organizaciones de mujeres del país, al conocerse que había protagonizado un caso de violencia familiar.
Al rechazo inicial de las feministas, agravado por declaraciones de García en el sentido de que lo sucedido con su esposa Hilda Lorena Moreno era "un asunto privado" –en contra de los criterios internacionales y de la política del actual Gobierno sobre la materia–, se le añadió la crítica de políticos, dirigentes de la sociedad civil y medios de comunicación, debido a las polémicas opiniones de García y a su falta de experiencia profesional en el campo de los derechos humanos.
El procedimiento
Frente al vacío existente en el reglamento interno de la Asamblea sobre la forma como deben proceder los diputados para destituir al defensor del Pueblo por causas conocidas después de haber sido elegido, la propuesta hecha anoche por el diputado panameñista José I. Blandón establecía –en el proyecto original– que la solicitud sería recibida por el pleno y enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su investigación.
Sin embargo, tras las negociaciones realizadas en la Presidencia de la Asamblea a puerta cerrada, se acordó que la solicitud de destitución sería remitida a la comisión ad hoc nombrada la semana pasada para darle seguimiento al caso del defensor del Pueblo, como consecuencia de la crisis institucional provocada por su nombramiento.
Tras el acuerdo político y una vez reanudada la sesión plenaria, Blandón retiró su propuesta original y se presentó la nueva resolución que fue finalmente aprobada a golpe de curul.
El procedimiento incluye el término de 30 días que tendrá la comisión ad hoc para presentar al pleno el resultado de las investigaciones que le encomienden. Luego y solo con el voto de las 2/3 partes de los diputados (52), se podría proceder a la destitución de García.
La resolución aprobada anoche hace alusión no solo al caso de violencia familiar que vivió el hoy defensor del Pueblo, sino también a las declaraciones posteriores hechas por el funcionario y que provocaron la crítica generalizada.
Ahora, con un claro procedimiento, el presidente de la Asamblea, Elías Castillo, podrá dar respuestas concretas a las mujeres organizadas del país, a quienes recibirá hoy a la una de la tarde en el Salón Azul de la Asamblea.
Antes de la decisión tomada por la Asamblea, la primera dama de la Nación, Vivian Fernández de Torrijos volvió a expresar su rechazo al todavía defensor del Pueblo.
"Las declaraciones que ha hecho y la nefasta situación que no ha sabido manejar, hace que la institución en este momento no tenga credibilidad (...) esta es un institución que ejerce una autoridad moral y la ha perdido porque las declaraciones y la forma como se ha manejado [Liborio García] no ha acompañado lo que todos esperábamos (...) lo consideramos lamentable y debió renunciar antes de tomar posesión", fueron las palabras de la esposa del mandatario.
La encuesta
Los encuestados por la empresa Dichter & Neira Latin Research Network, a petición de este diario entre el 31 de marzo y el 3 de abril pasado, también opinaron sobre la figura del defensor del Pueblo.
Así, utilizando una muestra de mil 200 personas y con un margen de error de más/menos 2.9%, los consultados avalaron mayoritariamente la ejecutoria del anterior defensor, Juan Antonio Tejada.
Del 55.9% de apoyo recibido por Tejada, 50.1% califica su trabajo como "bueno", mientras que el 5.8% lo considera "excelente". Solo el 21% de los entrevistados consideró su trabajo como "malo".
En relación a la actual polémica que enfrenta Liborio García, los encuestados mencionan entre los posibles impedimentos para ejercer el cargo, la falta de honestidad (37.8%); ser protagonista de violencia familiar (19.8%); antecedentes policivos (17.8%); predicar su fe religiosa en el trabajo (6.25); y todas las anteriores (27.9%).
Únicamente el 4.4% de los encuestados opinó que ninguna de las citadas razones constituye impedimento para ejercer el cargo de defensor del Pueblo.
