La injerencia de un notario público en un expediente –sin concluir– que instruye la Fiscalía Primera de Drogas, fue calificada por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, como un acto ilegal que debe ser investigado.
Al mismo tiempo, el fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, informó que desde ayer comenzó un expediente disciplinario para precisar qué funcionario de su despacho autorizó esa diligencia.
Dicha investigación interna surge luego de la inspección efectuada en la Fiscalía Primera de Drogas, el pasado 24 de septiembre, por el notario segundo de Panamá, Mario Velásquez Chizmar, a pedido de los abogados de Aurelio Mosquera, detenido por un caso de drogas dentro de la operación Álamo III, de 2006.
"No creo que se trate de un problema general; es decir, que los notarios estén certificando actuaciones de los fiscales. Pero, en todo caso, debo aclarar que ese es un procedimiento que no existe y que no es correcto, y por tanto debe investigarse", señaló Gómez.
Por su parte, el fiscal Almengor agregó que, por ley, los notarios públicos solo están facultados para certificar actos efectuados entre particulares y no diligencias judiciales realizadas por agentes del Ministerio Público.
Además, aclaró que el expediente original del caso referido está en la Corte y no en su despacho. Precisó, asimismo, que la diligencia se hizo cuando él efectuaba una gira de trabajo en Estados Unidos.
Explicó que no se levantó un acta de lo actuado por el notario público.
