El Tribunal Electoral (TE), a través del subdirector general del Registro Civil, Andrés Pérez Espinosa, presentó ayer las pruebas que vinculan a funcionarios del Hospital Manuel Antonio Nieto, ubicado en Yaviza, en la fronteriza provincia de Darién, con la supuesta confección irregular de partes clínicos de nacimientos en esa instalación hospitalaria.
Según explicó, los documentos eran utilizados para otorgar cédula panameña y, por ende, la nacionalidad a estas personas "todos hijos de madre y padre colombianos", agregó Pérez Espinosa.
Las irregularidades halladas en los cuadernos de nacimientos van desde nombres que se sobreponían, hasta otros que eran borrados. Adicional aesto, se dejaban espacios en blanco para posteriormente anotar nombres.
Funcionarios del TE descubrieron, entre otros casos, que la madre de una solicitante de cédula panameña nacida en 1986, llegó a Panamá en 1989.
Además, mostró copias del libro de inscripciones de nacimientos del nosocomio y de los formatos que se entregan a las personas para realizar los trámites, ante el TE, para la obtención de la identificación.
Señaló que, "todos los documentos del hospital, para la solicitud de las cédulas panameñas, vinieron firmados por un solo médico", aunque prefirió no dar su nombre.
Pérez Espinosa explicó que se trata de cuatro casos, en el hospital de Yaviza, tres de los cuales fueron utilizados para sustentar la denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público, el pasado 15 de septiembre.
Con las inscripciones de nacimientos de dicho hospital les fueron tramitadas cédulas panameñas a Berly María Asprilla Córdoba, Wendy Yurani Sánchez Guerra y Sonia Lorena Romaña, nacidas en los años 1972, 1986 y 1988, respectivamente, añadió el subdirector de Registro Civil.
Sin embargo, todos los trámites de dichos documentos de identidad fueron anulados al descubrirse la irregularidad, luego de una revisión.
La documentación de una cuarta cédula, otorgada a su solicitante, fue enviada a la Procuraduría de la Administración para confirmar si este documento de identidad puede ser anulado.
También, Pérez Espinosa dijo que una funcionaria del TE, quien labora para el Departamento Especializado en Atención al Cliente, fue suspendida de sus funciones por su presunta vinculación con el caso.
Admitió el funcionario que esta no es la única investigación que se ha realizado en ese sentido, pues hace algunos años se hizo unainvestigación similar con documentos del hospital de Santa Fe, también en Darién. "Interpusimos la denuncia ante el Ministerio Público y lo último que sé es que se llamó a juicio a un doctor".
En tanto, el secretario general del Ministerio de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que, hasta el momento, no han recibido ninguna información referente a la denuncia que se presentó.
"Estamos al tanto de lo que ocurre y, aunque nos enteramos a través de los medios de comunicación, hemos elevado las consultas para saber de qué se trata el asunto", aseguró.
De momento, Sucre informó que ha solicitado una investigación a la Dirección Regional de Salud de Darién, para que colabore y se le envíe un informe.
El ilícito descubierto, luego de varias revisiones a la documentación enviada, viola el Artículo 88 de la Ley 100 de 1974, de delitos contra la fe pública, según la denuncia criminal.
