El jueves 14 de diciembre, Jaime Jácome –aún director de la Policía Técnica Judicial (PTJ)– regresaba a su oficina después de un viaje de tres días a Chile, donde asistió a la graduación de cuatro cadetes panameños en la Academia de Investigación de ese país.
"Quería negociar que los próximos seis cupos de Panamá, fueran para la PTJ", relató Jácome a este diario.
Ese día llamó a la procuradora Ana M. Gómez para notificarle su regreso y darle la buena nueva de que había logrado los seis cupos. "Nada me dijo del proyecto que unas horas más tarde llevaría la ministra Olga Gólcher a la Asamblea".
Incongruencias
"Quiero desvirtuar el argumento de que la razón de esta reforma es mejorar la situación de la justicia", afirma categórico Jácome. Y como prueba ofrece un dato claro: un millón 800 mil dólares fueron reducidos del presupuesto de la PTJ, eliminando todas las partidas de inversión.
Jácome guarda copia de los informes y cartas enviadas a la procuradora Gómez, explicándole los problemas de gestión de la PTJ. Y entre ellos, los conflictos con la Policía: "invaden las escenas de los crímenes, afectan las evidencias, realizan detenciones arbitrarias, anticipadas (...) y acciones de todo tipo que afectan las investigaciones, pero todo ha caído en oídos sordos y ahora resulta que se van a resolver por magia, sacándome de la institución".
Con relación al caso del inspector Franklin Brewster, Jácome niega tener responsabilidad en los problemas de la investigación, citados por la ministra Gólcher para justificar el cambio en la PTJ.
"Tan pronto se produjo la muerte de Brewster, ordené que el Departamento de Investigaciones Criminales, la División de Homicidios y de Criminalística realizaran las primeras investigaciones bajo el control del Instituto de Medicina Legal (Imel)", relata.
Añade que funcionarios del Imel recogieron y tomaron posesión de las evidencias del caso. "Por instrucciones mías, y para garantizar la mayor imparcialidad en la investigación, todo se llevó al Imel, donde se iniciaron los primeros exámenes de toxicología".
Cuestión de independencia
El expediente pasó luego a la Fiscalía Auxiliar donde se realizaron todas las demás investigaciones, sin participación alguna de Jácome.
"Rechazo cualquier tipo de responsabilidad personal o de los investigadores de la PTJ en el manejo de la investigación (...) la responsabilidad recayó desde el primer momento en el Ministerio Público (MP), a través del Imel y de la Fiscalía Auxiliar", alega.
Jácome considera que la PTJ es "la institución más supervisada del país (...) el MP controla sus niveles de investigación, desde la presentación de las denuncias, ya sea en el centro de recepción de denuncias o en la Procuraduría, pasando por la Fiscalía Auxiliar que controla las acciones de los inspectores de la PTJ, la Secretaría de Vigilancia y Control creada por Gómez y el manejo presupuestario. "Existe una amplia supervisión en la que creo".
Lo que considera una aberración, es justamente lo que aprobaron los diputados anoche, otorgarle el poder de nombrar y destituir al Ministerio Público. "No existe un solo país donde eso sea así (...) la función del fiscal es la de acusar, lo que suele hacer con profunda convicción aunque no tenga las pruebas. Por eso, si además tiene la capacidad de destituir a los investigadores y peritos que recaban esas pruebas, no hay obstáculos para los abusos de poder". La advertencia está hecha.
Con información de José González Pinilla
