LESIÓN PATRIMONIAL. PROPUESTA DEBE SER ENVIADA A LA ASAMBLEA NACIONAL.

Luz verde para el Tribunal de Cuentas

Los magistrados y el Fiscal de Cuentas tendrán los mismos derechos que los magistrados de la Corte.

Dirigentes de oposición criticaron la propuesta, porque fue presentada en un año preelectoral.

VOTO FAVORABLE. El Consejo de Gabinete aprobó la iniciativa en diciembre pasado. VOTO FAVORABLE. El Consejo de Gabinete aprobó la iniciativa en diciembre pasado.
VOTO FAVORABLE. El Consejo de Gabinete aprobó la iniciativa en diciembre pasado.

Tres años después de que se estableció en la Constitución la jurisdicción de cuentas, para investigar y juzgar los casos de lesiones patrimoniales al Estado, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de Ley que desarrolla la organización y el funcionamiento de sus dependencias.

El documento establece la creación del Tribunal de Cuentas, cuya función será la de juzgar a los funcionarios y a los particulares que incurran en irregularidades que afecten el patrimonio del Estado.

Además, crea la Fiscalía de Cuentas, que debe recibir los informes y las auditorías de parte de la Contraloría General para iniciar las investigaciones.

Tanto los magistrados como el Fiscal de Cuentas gozarán de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas que se le reconocen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados del Tribunal de Cuentas, según el artículo 281 de la Constitución, serán nombrados por un período de 10 años de la siguiente manera: uno por el Ejecutivo, otro por la Asamblea Nacional y el tercero por el Órgano Judicial.

Sin embargo, los primeros magistrados que ejerzan el cargo, serán nombrados así: seis años para el magistrado que designe el Órgano Judicial, ocho años para el que nombre el Ejecutivo, y 10 años para el magistrado que designe la Asamblea Nacional.

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas tendrán competencia a nivel nacional y sustituirán a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), entidad que está adscrita a la Contraloría General de la República y que fue creada con carácter provisional el 10 de febrero de 1990, tras el derrocamiento del régimen dictatorial que encabezó Manuel Antonio Noriega.

A ambas dependencias se le debe asignar una partida dentro del presupuesto general de Estado y su personal subalterno deberá ser nombrado por los magistrados y el fiscal de cuentas.

En 2006, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea acogió un proyecto relacionado con la creación del Tribunal de Cuentas que fue elaborado y presentado por la Contraloría. Pero debido a que la iniciativa de dictar leyes para determinar la creación, organización y funcionamiento de dependencias públicas, son del Ejecutivo, la propuesta no se discutió.

"Para evitar potenciales acciones o demandas de inconstitucionalidad de aquel proyecto, hemos creído pertinente adoptar y actualizar la propuesta de 2006, por medio de nuestra iniciativa legislativa", detalla la exposición del motivo del proyecto.

Proyecto a la medida

La propuesta no ha sido vista con buenos ojos por algunos dirigentes de la oposición, más aún cuando el proyecto se pretende aprobar en un año preelectoral.

El presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, considera que con esta propuesta, el Gobierno busca colocar a gente allegada para que no se investiguen las lesiones patrimoniales de los actuales funcionarios.

"Son instituciones creadas a la medida del gobernante Partido Revolucionario Democrático, que deben ser posteriormente derogadas", sentenció Martinelli.

En tanto, para el presidente de Unión Patriótica, Guillermo Ford, el problema no está en la creación de instituciones, sino en la gente que se nombra para el cargo. A su juicio, en mucho casos son nombrados para tapar situaciones deshonestas.

La propuesta debe ser presentada a la Asamblea Nacional a partir del próximo mes de marzo cuando comience el segundo período de la presente legislatura.

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