El procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó ayer que la finca de 30 hectáreas otorgada en 2004 a Rodolfo Charro Espino (supuestamente de manera ilegal) fue secuestrada con el aval de la Sala Penal de la Corte Suprema.
El presidente, Ricardo Martinelli, ordenó el pasado 7 de julio a Ayú Prado investigar esa concesión.
Espino vendió parte de estos terrenos en 2007 a otros empresarios que podrían resultar afectados.
En un comunicado emitido ayer, Ayú Prado dijo que se cumplirá con el mandato de Martinelli, pero respetando las garantías fundamentales y principios procesales.
El comunicado puntualiza que sobre este caso ya había dos investigaciones previas en el Ministerio Público (MP).
VEA ‘Lorentz engañó a todo el Ministerio Público’: Bonissi