El ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, aceptó la renuncia de Ramón Lima, de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, y en su reemplazo designó a Carmelo González, subdirector de la institución, como director encargado hasta que se nombre al nuevo director.
Ambos funcionarios fueron notificados de la decisión ayer en la tarde. El presidente de la República, Martín Torrijos, nombrará al nuevo director la próxima semana.
Lima renunció a su cargo el 24 de junio pasado, mes y medio después del escándalo por la tramitación de su firma forense, Lima & Asociados, ante la entidad que él mismo dirigía.
Abogados y pasantes que tramitan en la institución aseguran que en los últimos días hubo "roces" entre Lima y González, en lo relativo a traslados de funcionarios a diversos despachos, y por la firma de algunos documentos y expedientes.
Sin embargo, González informó que "no hubo ningún conflicto" entre ellos.
González es miembro del Partido Revolucionario Democrático, en tanto que Lima forma parte del Partido Popular. Ambos colectivos políticos forman la alianza de gobierno.
Con la polémica como característica, días antes de renunciar Lima tuvo una fuerte discusión en plena jornada laboral, delante de funcionarios y usuarios, con la pasante de una firma de abogados.
La mujer había discutido con Karen Zamora, amiga íntima de la hija de Lima y empleada de asesoría legal, debido a la "lentitud" en las gestiones que hacen sus hijos, que son abogados, ante la Dirección de Migración
Lima explicó entonces que le había dicho a la mujer que no le iba a permitir que le faltara el respeto a una funcionaria de esa dirección, por lo que le indicó que saliera, al tiempo que le señalaba la puerta.
Fuentes de Migración informaron que ayer, antes de la salida de Lima, hubo un movimiento inusual de expedientes y documentos que guardan relación con visas otorgadas a chinos de la dirección de asesoría legal, en la planta alta, hacia los archivos que están ubicados abajo.
Además circuló un memorando dirigido "a todos ustedes" y firmado por Tomás Cedeño, jefe de la sección administrativa, que prohíbe a los funcionarios conversar en los pasillos con abogados, pasantes y extranjeros.
