TRANSPARENCIA.SOLO EL MEF Y AUTORIDADES JUDICIALES PUEDEN PEDIR COPIA DEL DOCUMENTO.

Mora en la declaración patrimonial

La Contraloría anunció que suspenderá el pago de los salarios a los funcionarios que no hagan su declaración.

Transparencia Internacional comentó que el presidente Torrijos divulgó su patrimonio durante la campaña de 2004.

ADVERTENCIA. El contralor informó que el plazo para la presentación del informe comenzó a correr el 22 de agosto. ADVERTENCIA. El contralor informó que el plazo para la presentación del informe comenzó a correr el 22 de agosto.
ADVERTENCIA. El contralor informó que el plazo para la presentación del informe comenzó a correr el 22 de agosto.

El contralor general de la República, Dani Kuzniecky, informó ayer que solo 421 funcionarios, de un total de mil 660 que están obligados legalmente a hacer declaración jurada de su estado patrimonial, han cumplido.

La Contraloría ha iniciado una campaña –con anuncios pagados– en la que advierte a los funcionarios que, tal y como lo establece la Constitución y las leyes, deben hacer la declaración de bienes en un plazo de 30 días, a partir del pasado 22 de agosto. Como sanción por el incumplimiento, Kuzniecky anunció la suspensión del pago.

SIN ACCESO PÚBLICO

En relación a la decisión del presidente Martín Torrijos de no hacer pública su declaración de bienes, Kuzniecky reiteró que solo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las autoridades judiciales pueden solicitar copia de la declaración.

Al respecto, la Presidencia de la República ha dicho que las declaraciones juradas "constituyen materia confidencial", de acuerdo a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 que desarrolla el artículo 305 de la Constitución.

En tanto, la presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani, señaló que le extraña que Torrijos no divulgue su declaración, ya que en abril de 2004 accedió a participar en el proyecto "Candidatos Visibles", informando voluntariamente que tenía un patrimonio de 914 mil 700 dólares, así como participación accionaria en varias empresas privadas.

El artículo 305 de la Constitución detalla los funcionarios que están obligados a hacer la declaración jurada de su estado patrimonial mediante escritura pública, en un término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y 10 días hábiles a partir de su separación.

En el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo aparecen 22 funcionarios o ex funcionarios que han dado a conocer su declaración de bienes. Uno de ellos fue la ex procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher.

Al respecto del debate en torno a la publicidad de este documento, la actual secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, afirmó que "los funcionarios de alto nivel deben estar conscientes de que esta obligación debe ir acompañada de la divulgación".

VEA Torrijos, su patrimonio y sus sociosPresidente cuestiona autoridad moral de críticos

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