Edilma Esther Espinosa acompañó a su hija Sandra Itzel a denunciar a su ex pareja a la corregiduría, al juzgado, a la DIJ (Dirección de Investigación Judicial), a la fiscalía, a las oficinas del Servicio de Protección Institucional (SPI)... y al final de tanto peregrinaje, no pudo evitar que esta muriera brutalmente, víctima de la violencia doméstica.
Tenía 29 años.
El asesino de Sandra es Eduardo Cumberbach, un agente del SPI, padre de dos de sus tres hijos. La mató el 31 de mayo pasado, con su arma de reglamento, en la cocina de su casa y con los niños escuchando los balazos, en el cuarto de al lado. Ese día estaba de turno, cuando alguien le avisó telefónicamente que Sandra estaba con Eliécer Cedeño, su actual pareja. También lo mató.
Edilma contó que Eduardo ya había amenazado de muerte a Sandra y a Eliécer. Tres meses antes, en febrero, llegó a la casa uniformado e hizo un par de disparos al aire, también con su arma de reglamento.
“Si no hubiese sido por Alexis, la mato aquí”, dijo Edilma que le espetó Eduardo. Alexis es su nieto, menor de edad.
Sandra es apenas una de las 55 mujeres que han muerto en Panamá en lo que va del año, por violencia de género. La cifra es de escándalo, tomando en cuenta que en todo 2008 murieron 41.
La Alianza de Mujeres de Panamá calcula que el 70%, muere a manos de su pareja o de su ex pareja.
La Ley 38 de 2001 establece 14 medidas de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica, que incluyen el arresto provisional del agresor, su desalojo de la vivienda conyugal, orden de alejamiento o la suspensión de la guarda y crianza de los hijos, entre otras.
Nada de esto mantiene a raya a los femicidas.
“La mayoría de las víctimas se muere con una boleta de protección en la mano”, contó Alibel Pizarro, socióloga y miembro de la Alianza de Mujeres.
Joyce Araujo, encargada de la Dirección de Protección de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, ha estudiado el fenómeno. Su conclusión es que el problema persiste, por el arraigo sociocultural de que el hombre hace lo que le da la gana, y la mujer aguanta callada.
“El hombre controla a la mujer, domina, se puede ir a tomar unos tragos con los amigos, y la mujer se queda en la casa, cuidando a los hijos. Todas esas cosas llevan al hombre a creer que tiene poder sobre la mujer”, opinó Araujo. Llamó la atención el hecho de que muchos femicidas ya estaban separados de su víctima, incluso habían formado una nueva familia. “Pero no pueden permitir que su ex mujer tenga otra pareja”, dijo Araujo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Sandra.
Sobre este caso, Araujo contó que remitirá información al Ministerio Público para que se exija responsabilidad al SPI, “ya que ellos tenían conocimiento de la situación de violencia doméstica” que involucraba a uno de sus agentes, y no hicieron nada al respecto.
Cumberbach, el asesino de Sandra, aguarda juicio en la cárcel del Renacer.
Indiferencia gubernamentalEl nuevo Código Procesal Penal introducía medidas de protección a favor de las víctimas de violencia de género, ya que, entre otras cosas, obligaba a los agresores a llevar brazaletes electrónicos.
Lo malo para las víctimas es que tendrán que esperar por lo menos dos años para que la medida se ponga en práctica, luego de que la entrada en vigencia del nuevo código se pospuso hasta 2011, por orden del Consejo de Gabinete. Pero este no ha sido el único desplante gubernamental. En la mesa de la Concertación Nacional para el Desarrollo se había acordado la creación de una Defensoría adjunta de la Mujer, así como una fiscalía especializada en violencia doméstica. Nada de eso se ha ejecutado aún.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social había presupuestado 8 millones de dólares para operar el Instituto Nacional de la Mujer, pero esa cantidad se redujo a 1.5 millón en la vista presupuestaria.
En diciembre, Panamá será sede de una cumbre de presidentes, para tratar la violencia de género. “¿Se imaginan en qué posición va a quedar Panamá? En una muy cuestionada”, comentó Luz Aleida Terán, de la Alianza de Mujeres.