Las máximas autoridades de la Procuraduría de la Nación negaron ayer que haya favoritismo en el caso de la fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, quien fue denunciada penalmente por la presidenta de la Corte, Graciela Dixon, y pese a que ya transcurrió una semana de ese acto todavía no se le han formulado cargos y sigue en funciones.
La procuradora, Ana Matilde Gómez, aclaró, en principio, que no hay ningún "apresuramiento" en el caso y aunque su despacho admitió la denuncia de Dixon, todavía se debe analizar el elemento subjetivo de esta, para entonces determinar si hay mérito y proceder a formular cargos e indagar a la funcionaria.
"La ley no exige una notificación formal; sin embargo, ya se le ha dado copia de la denuncia y ella presentó un poder para su representación legal", precisó Gómez, quien declinó comentar sobre el fondo de la denuncia en virtud de que ella misma es quien debe adelantar la investigación.
Gómez tampoco quiso opinar sobre la controversia surgida en la Corte a causa de este caso. "El tema de la Corte, y si eso trasciende o no, es un problema del Órgano Judicial", puntualizó.
Por su lado, el secretario general de la Procuraduría, Rigoberto González, indicó que aunque la denuncia presentada por Dixon contenía lo que se conoce como la prueba sumaria y por ello fue admitida, esto no quiere decir que Cornejo sea culpable; por el contrario, debe respetarse la presunción de su inocencia.
"Aquí no se está protegiendo a nadie; aquí lo que se está haciendo es cumplir la ley", afirmó. "Debemos aclarar que el código no establece un término para formular cargos, salvo en los casos en que la persona involucrada esté detenida", añadió.
González no quiso "adelantarse" a explicar qué pasaría si dentro del análisis del elemento subjetivo de la denuncia se determina que no hay méritos para inculpar a Cornejo. "No podemos adelantarnos a eso. La investigación apenas comienza", señaló.
Cornejo acudió ayer al Ministerio Público, pero no por el proceso que se le sigue, sino para participar en un foro.
Su abogado, Carlos Muñoz Pope, no quiso declarar.
