Fiscal negó un pedido para retirar las medidas cautelares al ex presidente

Pérez B. quiere quitar el expediente a Ayú

Los abogados del ex gobernante sostienen que el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada se resiste a practicar pruebas.

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RECLAMO. Luis Carlos Cabezas (centro) dirigió ayer una conferencia para quejarse del trato al ex mandatario. Lo acompañan Omar Solano (Der.) y Tomás Pérez (Izq.). LA PRENSA/David Mesa RECLAMO. Luis Carlos Cabezas (centro) dirigió ayer una conferencia para quejarse del trato al ex mandatario. Lo acompañan Omar Solano (Der.) y Tomás Pérez (Izq.). LA PRENSA/David Mesa
RECLAMO. Luis Carlos Cabezas (centro) dirigió ayer una conferencia para quejarse del trato al ex mandatario. Lo acompañan Omar Solano (Der.) y Tomás Pérez (Izq.). LA PRENSA/David Mesa

Los abogados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares pasaron de la defensa al ataque.

Ayer solicitaron al procurador suplente, Giuseppe Bonissi, que separe de la investigación contra su cliente al fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado.

El pedido lo hicieron públicamente, en una conferencia a la que no asistió Pérez Balladares.

Luis Carlos Cabezas, vocero del equipo de juristas, sostuvo que Ayú Prado ha formulado cargos por el delito de blanqueo de capitales a 14 personas (incluyendo al ex mandatario), pero no ha investigado a Lucky Games, empresa que en el gobierno de Pérez Balladares recibió una concesión directa y gratuita para operar salas de máquinas tragamonedas.

Así mismo, consideró que el fiscal violó el derecho a la defensa, ya que negó la práctica de pruebas, entre ellas una inspección a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e interrogar a los oficiales de cumplimiento de los bancos donde se depositaron los fondos supuestamente blanqueados, para establecer si hubo alguna advertencia o “bandera roja”.

De los dardos de Cabezas tampoco se salvó el copartidario de Pérez Balladares y también ex presidente Martín Torrijos.

El abogado destacó que fue en el gobierno de Torrijos (2004-2009) que la UAF, entonces dirigida por Amado Barahona, preparó el informe que después utilizó la fiscalía para investigar a su cliente.

Tras las denuncias, el fiscal Ayú Prado replicó que su despacho ya envió los oficios a los bancos, y que está a la espera de que estos respondan para determinar si llama a declarar a los gerentes y oficiales de cumplimiento.

En cuanto al pedido para inspeccionar ocularmente a la UAF, asguró que ahí no tiene nada que decidir: esto corresponde al Juzgado Noveno Penal, luego de que los defensores de Pérez Balladares presentaran una apelación.

El reclamo de los abogados llega poco después de que el fiscal negara un pedido para levantar las medidas cautelares contra el ex presidente, que tiene prohibido salir del país y está obligado a notificarse cada 15 días. Hace cinco días, la defensa se notificó del rechazo de la solicitud de levantamiento de las medidas.

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