La devastación de zonas boscosas y los rellenos de fondo de mar, para la construcción de marinas, no se detienen en el Archipiélago de Las Perlas.
En cuatro de las principales islas que conforman el Archipiélago de Las Perlas se desarrollan proyectos con facilidades turísticas y desde el aire se observan los efectos que van dejando en el medio ambiente las inversiones turísticas que se realizan en el archipiélago, declarado zona especial de manejo marino costero en 2007 a través de la Ley 18.
El pasado jueves 18 de junio, CAVU, un organismo sin fines de lucro dedicado a educar y crear conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, realizó un sobrevuelo por el archipiélago para documentar su riqueza natural y la devastación de que es objeto.
Rick Durden y Dave Sherwood, miembros de CAVU, no daban crédito a lo que veían. “Se observa el impacto fuerte del desarrollo descontrolado”, afirmó Durden, quien agregó que Las Perlas es una joya que aún tiene lugares intactos y que sería una lástima echarlos a perder, como ha ocurrido en otros lugares del Caribe y Centroamérica.
Durden espera que las imágenes que tomaron sirvan como un llamado de atención a los panameños, para proteger “este lugar tan lindo y tan único”.
La preocupación de CAVU también ha sido expresada por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) y por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), pero los proyectos avanzan y el plan de manejo que prevé la Ley No. 18 de 2007 no llega.
En varias de las islas del archipiélago se están llevando a cabo varios proyectos que incluyen la construcción de rellenos de fondo de mar para varias marinas con capacidad para yates de hasta 145 pies. Además, se construyen: aeropuertos, villas, viviendas privadas, un club de yates y pesca y al menos dos hoteles, áreas comerciales y un club ecuestre.
De ninguno de estos proyectos se puede decir que violen la Ley 18. Aunque el artículo 10 prohíbe talar bosques de mangle, exceptúa de la regla los proyectos de desarrollo turístico que obtengan de la Anam la aprobación del estudio de impacto ambiental y cumplan la legislación vigente.
Pero la Ley 18 también dejó claro que en los seis meses siguientes a su promulgación –el 31 de mayo de 2007– el Órgano Ejecutivo debía reglamentarla.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) tiene $2 millones 200 mil para Las Perlas. Un millón 800 mil dólares provienen del Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 400 mil de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Oficina de Relaciones Públicas de la ARAP informó que la nueva administración de la entidad firmó la resolución que otorga el contrato a la firma Louis Berger, que se ganó la licitación para crear el plan de manejo. Solo falta una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la existencia del fondo para llevar el contrato al Consejo Económico Nacional para aprobación.
Para Raisa Banfield, directora de Ciam, lo que ocurre en Las Perlas es una muestra de las debilidades que existen en las entidades gubernamentales en cuanto al ordenamiento territorial.
El Ministerio de Vivienda ha aprobado desarrollos urbanísticos con el argumento de que, mientras no existan planes locales establecidos por el Estado, se aprobarán las propuestas de planes de desarrollo presentadas por los promotores. Esto ha promovido la destrucción que se ve en isla Viveros, dijo.
Otro aspecto que afecta el archipiélago, opinó Banfield, es la división de responsabilidad entre la Anam y la ARAP. La primera vela por el área terrestre y la otra, por la marino costera. “Al final nadie es culpable de lo que pasa”, recalcó.
Con la creación de la ARAP en diciembre de 2006, el manejo de las zonas marino costeras quedó bajo la responsabilidad de la entidad, excepto lugares declarados áreas protegidas.
Héctor Guzmán, científico del STRI, manifestó su preocupación por el archipiélago en diversas ocasiones, tanto por la devastación como por la falta del plan de manejo.
