“Serán anulados”, esa fue la respuesta de la directora de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Sandra Escorcia, al reconocer que los permisos para operar taxis que se han adjudicado en la actual administración son irregulares.
La funcionaria aseguró que la institución ha procedido a recoger todos los permisos de operación a partir de la numeración 21,100, que incluyen los casos que se investigan y que cuentan únicamente con la firma del subdirector de la ATTT, Roberto Moreno.
Se conoció que la irregularidad ya fue reportada al Palacio de las Garzas.
Solo en Arraiján fueron sacados de circulación 36 taxis con estos permisos. Algunos pertenecían a organizaciones de taxistas como la Sociedad de Taxi Santa Gema, la Sociedad de Radio Taxi Lupita, el Sindicato de Taxis Unidos de Arraiján, entre otros.
En Coclé se recuperaron seis de estos permisos y se buscan nuevos casos en Chame, según fuentes oficiales.
En medio del retiro de estos permisos de operación de taxis, la semana pasada Esteban Rodríguez y Dionisio Ortega, en representación de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), se acercaron a la ATTT a defender la emisión de estos certificados.
Ortega, presidente de la Canatra, defiende los nuevos permisos para taxis en Panamá oeste. “Lo que hay es un problema interno en la ATTT sobre si la firma que tienen esos permisos es la autorizada, pero eso no es problema de los transportistas”, afirmó Ortega.
El dirigente descalificó las investigaciones, alegando que deben dedicarse a poner orden con los taxis pirata que nadie regula y que siguen operando.
Igualmente, rechazó que se trate de permisos ilegales. “Esos taxistas presentaron estudios, pagaron seguros y adquirieron financiamiento, y ahora se les quiere quitar el documente que les permite operar”, comentó.
A pesar de estos señalamientos, la directora de la institución –quien sostiene que hace solo una semana se enteró del manejo irregular de estos permisos– aseguró que serán anulados.
Con la investigación se ha encontrado una grabación que, según las fuentes, deja en evidencia el pago por la emisión de los permisos. También se conoció que Escorcia y Moreno tienen diferencias por los nombramientos políticos hechos en la institución.
Este sería el primer caso que pondría a prueba la promesa hecha en campaña por el presidente Ricardo Martinelli: “Se podrá meter la pata, pero no la mano”.
Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias y vicepresidente de Cambio Democrático, señaló que la denuncia no ha llegado al partido, pero que, “de haber pruebas contundentes, los involucrados deben verse como funcionarios públicos y no como miembros de un determinado partido político”, recalcó.
Gobierno de Torrijos pagó por buses que estaban secuestrados Otro problema que maneja actualmente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) es el pago de las indemnizaciones de 30 buses “diablo rojos”, como parte del fallecido proyecto Transmóvil que impulsaba la administración de Martín Torrijos.
Un pequeño grupo de transportistas recibió un total de 750 mil dólares a cambio de entregar sus buses y el certificado de operación.
Pero un informe que maneja la actual administración, reveló que en la indemnización se pagó por buses que estaban secuestrados y otros hipotecados, lo que constituye una lesión patrimonial al Estado. También existen casos donde se pagó dos veces por el mismo bus, confirmó la ATTT. La directora de la institución, Sandra Escorcia, señaló que están evaluando ante qué instancia interpondrán la denuncia.
La Canatra afirmó que no se opone a que se investigue y se sancione a quienes participaron de esta ilegalidad.
Sin embargo, representantes del gremio aseguran que las indemnizaciones pasaron por el filtro de inspectores de la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas.
