Hubo dos testimonios que llevaron a Nelson Rojas, secretario general de la Procuraduría de la Administración, a pedir el enjuiciamiento de la suspendida procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez.
José Antonio Sossa y José María Castillo, procurador de la Nación y secretario general de esa misma institución, respectivamente, de 1995 a 2004, le contaron a Rojas que Gómez tenía conocimiento de que las reformas constitucionales de 2004 le “quitaban” al Ministerio Público (MP) la facultad de autorizar interceptaciones telefónicas, ya que en estas discusiones tomó parte Rigoberto González, a quien Gómez designó secretario, en reemplazo de Castillo.
Sossa y Castillo fueron llamados a declarar el 25 de mayo pasado –seis días antes de que Rojas emitiera su vista fiscal– a pedido de los abogados de Arquimedes Sáez, el ex fiscal de La Chorrera que, cinco años atrás, en 2005, fue sorprendido supuestamente recibiendo una coima, en medio de una operación encubierta.
Sáez demandó a Gómez el 15 de julio de 2009, dos años después de que la Corte declarara inconstitucionales las interceptaciones telefónicas ordenadas por Gómez, dentro de la operación encubierta seguida a Sáez.
Sossa, en su declaración a Rojas, reconoce que las escuchas eran una herramienta “vital” para la persecución de delitos, y que se opuso a que al MP se le eliminara esa competencia para endosársela a la Sala Penal.
“Recuerdo que especialmente conversé con el licenciado Rigoberto González sobre este respecto, ya que era seguro que él se mantendría en la institución y en un puesto de relevancia, ya que la Procuradora entrante lo había nombrado como una especie de enlace de parte de ella”, declaró Sossa.
En términos similares se refirió Castillo.
Gómez, en su indagatoria del 18 de mayo, declaró que cuando autorizó las escuchas telefónicas, lo hizo con el convencimiento de que era la autoridad competente.
Sostuvo que funcionarios de mucha experiencia dentro del MP, como los ex fiscales Antidrogas Patricio Candanedo y José Abel Almengor, y el fiscal auxiliar Luis Martínez, le presentaron reiteradas solicitudes de interceptaciones telefónicas para investigar delitos de narcotráfico y secuestro, antes que se produjera el fallo de la Corte del año 2007, que determinó que el Procurador de la Nación no era competente para ordenar interceptaciones telefónicas.
Según Gómez, hasta esa fecha la Corte no había emitido fallo alguno que señalara de forma definitiva que no tenía facultades para ordenar escuchas telefónicas.
La solicitud de Rojas para enjuiciar a la Procuradora está ahora en el despacho de Wilfredo Sáenz –suplente del ahora magistrado Almengor en la Sala Penal–, quien deberá actuar como ponente a pesar de que desde el 19 de febrero la defensa de Gómez presentó un incidente de recusación que aún no ha sido resuelto.
