La Presidencia de la República justificó la contratación de firmas de abogados que prestaron servicios al Estado en distintos procesos seguidos por la posible comisión de delitos patrimoniales.
"La contratación de firmas de abogados locales e internacionales por parte del Gobierno fue una decisión necesaria e indispensable para atender los graves hechos de corrupción y situaciones contractuales complejas del quinquenio pasado", indicó la Presidencia este jueves 11 de octubre de 2018, a través de una nota de prensa.
Entre las firmas contratadas para interponer denuncias, querellas y demandas están las panameñas Saltarín Arias y Auditores Jurídicos; Tapia, Linares y Alfaro; Arias, Fábrega y Fábrega; Icaza, González Ruiz y Alemán, y Morgan & Morgan, así como las extranjeras Hogan Lovells; Shearman & Sterling, y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, entre otras. La nota de prensa no precisa el monto pagado a cada una.
Comunicado. pic.twitter.com/CaGreeSUAU
Comunicado. pic.twitter.com/CaGreeSUAU
— Gestión Varela (@Varela20142019) October 11, 2018
"Ante semejante latrocinio del quinquenio pasado y frente a las condiciones desventajosas para el Estado que encontró la actual administración, la contratación de firmas de abogados nacionales y extranjeras ha servido para encontrar soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrales y acuerdos, dentro y fuera del país", señala el boletín oficial.
El comunicado no hace referencia a la "comisión independiente" que Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó se conformara para investigar la actuación del Consejo de Seguridad Nacional (CSJ) y la contratación de abogados particulares, para preparar denuncias, querellas y testigos protegidos que se presentaron al Ministerio Público, sobre supuestos actos de corrupción.