La comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional discutirá el próximo martes el veto parcial del Gobierno al proyecto 214, que modifica la nueva “ley blindaje” y fija un mecanismo especial de investigación para diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el procurador de la Administración, Rigoberto González, señalaron que los artículos vetados por inexequibles (inaplicables) -1, 10, 5 y 12- crean fueros y privilegios.
El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, dijo que tras analizar las objeciones será el pleno el que decidirá si modifica o si aprueba el proyecto por insistencia.
RESPALDAN VETO A NUEVA 'LEY BLINDAJE'
El procurador de la Administración, Rigoberto González, respaldó la decisión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de vetar parcialmente el proyecto 214 de reformas a la conocida “ley blindaje”, que fue aprobado el 31 de agosto pasado por la Asamblea Nacional.
Sostuvo que esta posición es cónsona con lo que se ha señalado, porque esa norma fija parámetros que contradicen la Constitución.
“La ley crea privilegios y creo que lo sensato en este caso era objetarla para que la Asamblea la corrija”, indicó.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, confirmó el veto parcial por inexequible (inaplicable) de los artículos 1 y 10, y por inconvenientes e inexequibles los artículos 5 y 12.
El artículo 1 obliga a quien interponga una denuncia contra diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el Presidente de la República a presentar “elementos de convicción” que determinen la existencia del hecho punible.
Según Alemán, el pedido de estos “elementos de convicción” es un estándar muy estricto que puede crear un fuero que choca con la Constitución.
Con relación a los artículos 5 y 12, que fijan un plazo de dos meses para la investigación posterior a la presentación de la denuncia, Alemán señaló que pueden crearse fueros y privilegios, ya que el plazo normal para el resto de los funcionarios es de seis meses.
Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la decisión asumida por el presidente Varela es muy importante, ya que “la mayoría de los ciudadanos pensamos que había que vetarla”.
DISCUTIRÁN VETO
En tanto, el diputado perredista y presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea, Pedro Miguel González, anunció que el próximo martes analizarán las objeciones y será el pleno el que decidirá si modifica el proyecto o lo aprueba por insistencia, tras lo cual la Corte tendría la última palabra.
Consideró que con el veto el presidente Varela trata de ponerse en sintonía con algunos sectores que se han opuesto y toma distancia de la decisión de la Asamblea.
“A nosotros nos toca legislar para la institucionalidad y no para una coyuntura pasajera. Creo que es una buena oportunidad para que la Asamblea reafirme su carácter independiente y tome la decisión que considere más conveniente al país”, puntualizó.