ENTREVISTA

Sindicalista condiciona ratificación del tratado

Alejandro Stephens representa a los trabajadores canaleros, portuarios y a los afectados por la Ley 25.

Su apoyo al tratado de promoción comercial dependerá de ciertas acciones del Gobierno.

CONVICCIÓN. El sindicalista piensa que en Panamá no se respetan los derechos de los trabajadores. CONVICCIÓN. El sindicalista piensa que en Panamá no se respetan los derechos de los trabajadores.
CONVICCIÓN. El sindicalista piensa que en Panamá no se respetan los derechos de los trabajadores.

La ratificación del tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos ha despertado polémica en los medios sindicales.

Mientras el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) -que afilia a una central obrera- lo rechaza al aducir que es "leonino" para la economía nacional, para la sobrevivencia de los trabajadores y de los campesinos por las prácticas neoliberales que utiliza, otro grupo -la llamada Alianza por la Justicia Social- condiciona su apoyo al pago previo de prestaciones laborales con las que el Estado se mantiene moroso.

Ya Frenadeso anunció que efectuará una gran concentración popular para repudiar el TPC el miércoles 11 de julio, en los predios de la Asamblea.

El colegiado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, por su parte, mantiene un bajo perfil, luego de ser acusado de "alta traición" por ir en contra de los intereses obreros y apoyar, a última hora, la ratificación del pacto comercial.

Pero quien sí ha hecho ruido esta semana es Alejandro Stephens, panameño que también posee la nacionalidad estadounidense y que representa a la Alianza por la Justicia Social, una asociación que integra a los 5 mil trabajadores del área canalera, 2 mil 200 ex trabajadores portuarios y 270 afectados por la Ley 25 de 1990.

Stephens amenaza con cabildear ante el Congreso estadounidense para que no se ratifique el TPC hasta que el Gobierno panameño no cancele su deuda pendiente con los obreros.

Stpehens es el líder de uno de los principales sindicatos de la Federación Americana del Trabajo (AFL-Cio, por sus siglas en inglés). Tras una visita de dos semanas en Panamá para conocer la realidad laboral, se marchó este fin de semana a Estados Unidos, donde pretende entregar un informe a los congresistas que deben ratificar el TPC.

¿A qué se debe su presencia en Panamá?

Estamos tratando de sumarnos a las voces de los miembros de la Asociación de Empleados del Área Canalera, los ex trabajadores de la Autoridad Portuaria y las víctimas de la Ley 25 de 1990, quienes reclaman justicia social y quienes han sido fustigados hace ya muchos años por los gobiernos de Panamá.

¿Qué reclaman los trabajadores que usted representa?

Los trabajadores panameños reclaman el pago de una indemnización para los permanentes y temporales que laboraron con la Comisión del Canal desde que entró en vigencia el Tratado Torrijos Carter en 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999 cuando culminó por sustitución de patrono y cesantía.

La Autoridad del Canal de Panamá, el nuevo patrono, recibió de la extinta Comisión del Canal un fondo millonario para indemnizar a los trabajadores. Sin embargo, la ACP se quedó con el mismo e incumplió el compromiso.

Otros trabajadores son los más de 2 mil 200 ex empleados de los puertos, quienes reclaman una indemnización por 200 millones de dólares al ser afectados por el proceso de privatización de los puertos de Cristóbal y Balboa.

Así mismo, los 270 trabajadores que fueron despedidos mediante la Ley 25 de 1990, cuando el presidente de ese entonces, Guillermo Endara, les acusó injustamente de participar de una intentona de golpe para derrocarlo.

Finalmente, la cancelación de sus prestaciones a 44 ex trabajadores de la agencia de seguridad G4-Securicorp, quienes mantenían una vigilia de 10 meses en demanda de sus derechos laborales.

¿Qué ha podido lograr hasta ahora?

El primer logro fue llegar a un acuerdo con la empresa transnacional G4-S, de servicios de seguridad privada, la cual hostiga a sus empleados en 104 ciudades en que opera, al negarle sus derechos y prestaciones sociales e irrespetar las leyes laborales.

¿Qué percepción tiene del TPC? El Gobierno dice que será beneficioso para los trabajadores...

La historia respecto a estos tratados ha dejado mucho que desear. Un ejemplo es el NAFTA (tratado de libre comercio de Norte América), del cual los trabajadores no han visto las ventajas y con el cual solo se han beneficiado las grandes empresas.

Esta es una de las razones por las que tanto el Partido Demócrata como el Republicano han insistido en que cualquier tratado de libre comercio, tanto con Panamá, Colombia, Perú u otro país, debe garantizar los derechos civiles y humanos, y respetar el sindicalismo y a los obreros, cosas que no han ocurrido en Panamá.

¿Cree que el gobierno de MartínTorrijos trata de mejorar su papel?

El Gobierno panameño está gastando miles de dólares en contratar empresas de cabildeo para que proyecten una imagen positiva de su actuación y convenzan al Congreso y al Senado de ratificar el tratado, pero lo cierto es que no respetan a los trabajadores. Creo que Torrijos tiene una gran oportunidad de corregir esta situación y decir que sus antecesores no cumplieron, pero que su gobierno sí lo hará. Sin embargo, creo que falta voluntad política y moral para hacerlo.

¿Ha conversado con algunos congresistas sobre ello?

Hay congresistas como Hilda Solís, Linda Sánchez-Thompson y muchos otros demócratas que me han manifestado que no darán su voto para aprobar este tratado, ya que en Panamá no se respetan las leyes de trabajo ni al obrero. Conocen del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra lo actuado en base a la Ley 25 de 1990 y, sin embargo, no lo respetan. Esto no va ser fácil para este Gobierno. Es posible que la Asamblea ratifique el TPC, pero todavía faltan muchos meses para que lo haga Estados Unidos.

Entonces, ¿qué va a hacer ?

Seguir haciendo cabildeo y decirle a los congresistas que deben detener la ratificación hasta que se le pague a los trabajadores del Canal, los portuarios y de la Ley 25.

¿Le pagan por esta tarea?

Eso es falso. Nuestro apoyo se da por convicción sindical y no por dinero.

PERFIL

SINDICALISTA: Alejandro Stephens, de 63 años, nació en la ciudad de Colón. Ahora vive en Los Ángeles, California, y es asesor y represen- tante del Local 660 del Sindicato Internacional de Empleados de Servi- cio (SEIU), en Califor- nia, y miembro de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones In- dustriales (AFL-CIO), con 6 millones de afi- liados en Estados Uni- dos, Canadá y Puerto Rico. En 2003, Ste- phens encabezó protes- tas en Los Ángeles con- tra la invasión estado- unidense a Irak, y en 2005 se opuso a las propuestas antiobreras del gobernador Arnold Schwarzenegger.

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