El fiscal octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Alcides Pimentel, dejó ayer sin efecto una orden de conducción girada contra el empresario español Adolfo Olloqui Arnedo y el ex legislador arnulfista Lenín Sucre, querellados penalmente por un socio de ambos en la compra de una finca en Colón.
La orden fue revocada, ya que a Olloqui –promotor del "Palacio de la Bahía", un edificio que prometía ser de los más altos de América Latina, pero que luego fue suspendido– nunca se le notificó personalmente, sino que las boletas le fueron dejadas en la recepción de su empresa.
La semana pasada, Pimentel ordenó la conducción de Olloqui y Sucre a objeto de someterlos a pruebas caligráficas, y, en consecuencia, dispuso girar oficio a la Policía Técnica Judicial para que trasladara a ambos a su despacho.
El abogado de Olloqui dijo que su cliente está fuera del país y que se notificará del caso a su regreso.
En lo que respecta a Lenín Sucre, éste acudió el viernes a la Fiscalía, donde rindió declaración hasta altas horas de la noche. "Es falso que me habían notificado. Ni me han tratado de conducir ni me han notificado. Me enteré por los medios de comunicación de que querían que yo fuera a declarar como testigo y apenas me enteré, fui y declaré", señaló.
Sucre no se quiso referir al contenido de su declaración. "Las cosas legales se resuelven en los tribunales", dijo.
Olloqui y Sucre fueron querellados por los delitos contra la fe pública y estafa por el español Daniel López Miñano, socio de ambos en la sociedad Caribbean Paradise Panamá.
En una carta enviada a principios de mes a la procuradora Ana Matilde Gómez, López Miñano señaló que Olloqui y Sucre convocaron a una asamblea de accionistas en octubre pasado –a la cual él no fue invitado– con el propósito de despojarle de su participación del 66.66% en la referida sociedad. Esta participación mayoritaria le fue conferida –según él– como resultado de una reunión extraordinaria de accionistas, en la que él sí participó, en abril de 2006.
Aunque reside en Murcia, España, el querellante dijo estar dispuesto a venir a Panamá y ponerse a disposición de las autoridades, para que éstas concluyan quién miente: si él u Olloqui y Sucre.
Lo que no le dijo López Miñano a la Procuradora, es que tanto las acciones de abril como las de octubre de 2006 fueron suspendidas por orden de un juzgado, y por lo tanto, a la fecha, no tienen validez.
Olloqui figura como presidente de Caribbean Paradise Panamá; y Sucre, como vicepresidente. López Miñano aparece como director. Según el Registro Público, el capital social de la sociedad es de 5 millones de dólares divididos en 990 acciones comunes y 4 mil 10 acciones preferidas, todas ellas nominativas y con un valor de mil dólares cada una.
