La controversia por la construcción de la Torre Financiera, en los terreros de la antigua embajada de Estados Unidos y los jardines del Hospital Santo Tomás (HST), llegó hoy a la Procuraduría de la Administración con una queja que busca detener la construcción de este millonario proyecto.
Miembros de tres organizaciones civiles: El Colectivo, Alianza Pro Ciudad y la Fundación Belisario Porras presentaron ayer una queja administrativa en contra de la directora nacional de Patrimonio Histórico, Sandra Cerrud, quien autorizó el uso de estos terrenos a través de la Resolución No. 033-11/DNPH del 10 de marzo de 2011.
Ramón Benjamín, miembro de Alianza Pro Ciudad, cuestionó que se permita que se construya esta megatorre, porque va alterar la identidad del HST y sus jardines.
“La funcionaria ha incumplido con sus deberes y emitió un permiso poniendo en peligro el patrimonio histórico de este país”.
La queja señala que se está violando la Ley 14 de 1982 que reglamenta la custodia y conservación del patrimonio histórico de la Nación en su artículo 80, el cual señala que: “Constituyen patrimonio histórico de la Nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos y otros bienes muebles e inmuebles que sean testimonio del pasado panameño...”.
Benjamín añadió que es grave que se pretendan usar los terrenos en los jardines del HST, toda vez que los mismos están protegidos por ley y la única excepción que puede abrir la posibilidad de uso es que sean destinados para proyectos de interés social y no para la construcción de una torre financiera, que en nada beneficia al ciudadano común y corriente.
“Pretenden levantar un edificio y poner en peligro la historia que por años se ha conservado”, destacó.
La queja se sustenta en que la Ley 26 de 1986 declaró monumento histórico nacional al edificio del HST y sus jardines.
La Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura decidió dar el visto bueno a la propuesta, el documento lleva la firma de Cerrud. Allí se hace mención de 13 considerandos en los que se advierte que la construcción no afectará el monumento histórico. Pero , en ninguna parte de la resolución se menciona la Ley 26 de 1986.
Además, la Dirección de Patrimonio Histórico avaló la construcción de la torre a través de la Ley 91 de 22 de diciembre de 1976, por la cual se regulan los patrimonios históricos de la humanidad: del Casco Antiguo de San Felipe, Panamá Viejo y Portobelo, la cual no incluye al HST.
Por lo que el abogado Tomás Herrera evalúa presentar una denuncia contra la resolución que avala la obra.