El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial condenó al pago de 500 dólares, en concepto de costas más gastos del proceso a Griselda Lecky, Viccelda Domínguez Lecky y a la actual secretaria ejecutiva del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher.
Según documentos proporcionados por el Frente contra la Corrupción, el 17 de abril de 1986, cuando Montenegro de Fletcher fungía como notaria tercera, recibió un testamento abierto que no cumplía con la formalidad de la firma de tres testigos, como lo establece el artículo 726 del Código Civil.
Tras la muerte de Archibald Lecky Dunkley, el 14 de abril de 2001, su hijo Virgilio Lecky Stoute, a través de su abogado Gilberto Bósquez, inició un proceso de sucesión y pidió la nulidad del testamento por no cumplir con este requisito.
Esta petición fue negada el 20 de agosto de 2003 por el juez séptimo de Circuito de lo Civil de Panamá, porque consideraba que el documento recibido por Montenegro de Fletcher, cumplía con todas las solemnidades.
Agregó el juez que el testamento fue leído sin interrupciones en presencia de los testigos María Pedroza de Arrieta, Tomás Villarreal y Carlos Brid (fallecido).
"Aun cuando el testigo Carlos Brid no haya firmado la escritura, basta la certificación que respecto a su presencia expidió la ex Notaria Pública Tercera, toda vez que es depositaria de la fe pública", sustentó el juez.
Bósquez apeló y presentó las pruebas necesarias, como demostrar que su apoderado era hijo de Lecky Dunkley y que el testamento era ilegal, por lo que el caso fue remitido al Primer Tribunal Superior.
Luego de analizada la sentencia apelada, el 17 de febrero de 2005, la magistrada Eva Cal, del Tribunal Superior anuló el testamento, argumentó que solo dos testigos firmaron y que "no basta con que el notario haga constar que en el otorgamiento del testamento estuvieron presentes tres testigos", son necesarias las firmas.
Se intentó conocer la versión de Montenegro de Fletcher, pero fue imposible.
