ACUERDO

Estados Unidos concluye destrucción de armas químicas en isla San José

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Jonathan Del Rosario, viceministro de Seguridad; Isabel de Saint Malo de Alvarado, canciller, y Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia. Jonathan Del Rosario, viceministro de Seguridad; Isabel de Saint Malo de Alvarado, canciller, y Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia.

Jonathan Del Rosario, viceministro de Seguridad; Isabel de Saint Malo de Alvarado, canciller, y Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia. Foto por: LA PRENSA/Ana Renteria

Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos concluyeron la destrucción de ocho armas químicas (bombas) en la isla San José, ubicada en el archipiélago de las Perlas, como parte del acuerdo avalado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).

Durante la operación, que tuvo una duración de seis semanas, participaron 150 especialistas del Comando Sur por Estados Unidos y personal de la Unidad Técnica de Explosivos de la Policía Nacional.

La destrucción de las municiones químicas, identificadas durante una inspección técnica de la OPAQ en 2002, se llevó a cabo mediante un proceso que utilizó la lluvia y la humedad para asegurar la dilución de las armas.

Jonathan Del Rosario, viceministro de Seguridad, indicó que este es un paso "histórico" para Panamá, ya que se trata de un acuerdo que abona el camino para alcanzar otros convenios similares relacionados con la eliminación de armas en el país.

“Panamá jamás renunciará al derecho que tenemos de entablar los procesos y reclamos en ese sentido, ya que hay otros polígonos en el país”, aseguró. 

No obstante, Del Rosario subrayó que el acuerdo se apegaba estrictamente a las armas químicas encontradas en la isla San José y no a las “convencionales” que están en otros polígonos, como Puerto Piña en Colón y Nuevo Emperador en Panamá Oeste, que ameritan otro tipo de proceso destructivo.

Por su parte, Farah Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, indicó que el costo de este trabajo lo asumió Estados Unidos con fondos que llegaban a $13 millones.

Para Urrutia, se culminó el proceso tal cual como estaba planeado, y no se detectaron más armas de ese tipo en la isla. En el acuerdo estaba establecido que si se encontraban más bombas serían eliminadas sobre la marcha.

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