Los diputados José Luis Varela, del partido Panameñista, y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), negaron ayer su vinculación con un supuesto cobro de $1 millón para cada uno por gestionar ellos pagos que efectuó el Estado en enero de 2015 a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), empresa encargada de recuperar los impuestos morosos del Estado en el pasado gobierno.
Varela acudió ayer mismo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar un escrito al magistrado presidente de esa corporación judicial José Ayú Prado, en el que expresó su disposición a ser investigado en el escándalo de Cobranzas del Istmo.
Sidney Sittón, uno de los integrantes del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, acudió ayer a la CSJ a interponer una denuncia contra los diputados Varela y Robinson por el supuesto cobro de $1 millón, por cada uno, por haber gestionado un pago de $7 millones a Cobranzas del Istmo en enero de 2015.
Sittón no dijo si acompañó la denuncia con la prueba idónea como exige la Ley 55 de 2012 en el caso de las denuncias contra los diputados.Sittón fue quien hizo la denuncia públicamente el pasado martes contra los diputados basado en lo que llamó “investigaciones propias”. En la declaración indagatoria, Cristóbal Salerno, vinculado a Cobranzas, no menciona los nombres de Varela y Robinson.
En el momento en que Sittón explicaba a los periodistas su denuncia, el diputado Varela salía de la CSJ. Ambos se encontraron sin hacer comentarios.Varela calificó como “falsos” los señalamientos hechos por Sittón y anunció que presentará denuncias penales y una demanda civil contra su persona ya que en ningún momento ha tenido participación alguna con la empresa y los pagos que recibió Cobranzas del Istmo.
El diputado panameñista aseguró que la denuncia de Sittón no tiene sustento ni pruebas y que se trata de una estrategia de los abogados de Martinelli para desviar la atención de la opinión pública sobre las denuncias presentadas contra el gobernante en las irregularidades que se cometieron en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y en los cobros de coimas en Cobranzas del Istmo.
“No soy cobarde ni soy gallina, yo sí doy la cara. Sittón lo que tiene que hacer es convencer al expresidente Martinelli de que venga a dar la cara a las denuncias que se han presentado y enfrente a la justicia”, sostuvo Varela.
Por su parte, el perredista Robinson negó categóricamente la denuncia de Sittón.En conferencia de prensa Robinson, acompañado de miembros de la cúpula de su partido, aseguró que si Sittón prueba lo dicho contra su persona renunciaría al cargo de presidente del PRD y como diputado de la Asamblea Nacional en representación del circuito 1-2 Changuinola, en Bocas del Toro.
“Sabemos la situación que vive el país y lo que el gobierno pasado hizo, sabemos todo, entendemos con quién trabaja Sittón, entendemos cuál es el propósito de ensuciar toda la investigación que se ha venido haciendo del gobierno pasado”, dijo el diputado.
Denuncia de Sittón
En su denuncia, Sittón también incluye al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Dulcidio De La Guardia, a quien acusa de ser otro intermediario en la agilización del último pago a Cobranzas del Istmo.
El abogado cuestionó el hecho de que el análisis realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el caso de Cobranzas del Istmo no incluye los pagos que recibió la empresa entre el 1 de julio de 2014 al 30 de enero de 2015, fecha para la cual supuestamente Robinson y Varela tramitaron el pago a la empresa gestionadora del cobro de impuestos morosos.
La denuncia sostiene que los pagos se realizaron de la cuenta de la empresa Langton International Holding Limited y fueron realizados por la oficial de cuentas de Multibank Mercedes Elías, a quien Sittón pidió que el Ministerio Público la llame a declarar.Sobre este hecho, el diputado Varela dijo que nunca ha realizado transacción en el Multibank y que tampoco conoce a la citada oficial de cuentas.
MEF RESPONDE
En tanto, una fuente del MEF confirmó que los pagos posteriores a octubre de 2014 corresponden a gestiones de cobro firmadas por Luis Cucalón mientras estuvo al frente de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip).
Dichas gestiones de cobro siguieron su trámite usual, incluyendo el refrendo por la Contraloría y el pago correspondiente una vez se cumplieron los requisitos de ley. En ese momento, indicó la fuente, no existía una orden judicial para suspender el pago. La suspensión del contrato declarada por la Corte es posterior a esos pagos, aclaró el informante.
