La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó a La Prensa la contratación de la firma de abogados estadounidense Vinson & Elkins, alegando que necesita contar con asesoría para defender mejor sus intereses tras los cuestionamientos del gobierno de Estados Unidos (EU) sobre su manejo y administración.
“La ACP es objeto de fuertes cuestionamientos relacionados con el manejo y la administración del Canal de Panamá. Como consecuencia, la entidad se ha visto en la necesidad de contar con la asesoría oportuna para la mejor defensa de sus intereses”, señaló la entidad en respuesta a consultas realizadas por este medio.
Asimismo, aseguró que los 6 millones 963 mil 742 dólares pagados a la compañía estadounidense cubren honorarios, costos y gastos legales relacionados con la defensa de arbitrajes en curso, previos al contrato establecido para el “asesoramiento legal y estratégico” que ofrece la firma en relación con las políticas estadounidenses sobre la vía interoceánica.
La entidad no detalló el monto total del contrato para la asesoría legal y estratégica, pero en los términos de referencia de la contratación, firmados el pasado 29 de enero y remitidos por Vinson & Elkins al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se señala que los honorarios de 13 abogados que brindan servicios a la ACP oscilan entre 315 y 1,500 dólares por hora.
“La tarifa por servicios se basa en el tiempo empleado, calculado según la tarifa por hora para el personal que presta el servicio, de acuerdo con las tarifas acordadas en el anexo 1”, señalan los términos de referencia del nuevo contrato con Vinson & Elkins.
En el citado anexo 1, al que hace referencia el documento, se detallan las tarifas de cada abogado.
Uno de ellos es Zachary Terwilliger, exfiscal federal del distrito Este de Virginia durante la primera administración del actual presidente de EU, Donald Trump. Para Terwilliger hay una tarifa de 1,500 dólares por hora, pagaderos cuando sus servicios sean requeridos por la ACP.
Por otra parte, el abogado Nicholas Henchie, quien firmó los términos de referencia del contrato con la ACP en enero pasado, mantiene una tarifa de 1,400 dólares por hora.
La Prensa preguntó a la ACP sobre el monto fijado por hora para cada abogado y cómo se coordina la comunicación entre la ACP y el Órgano Ejecutivo respecto a la contratación de firmas estadounidenses para defender los intereses nacionales, pero a estas interrogantes no hubo respuesta.
Cabildeo
Además de los servicios de Vinson & Elkins, el Gobierno central cuenta con los de BGR Group, una firma cabildera de la que es directivo David Urban, exfuncionario de la primera administración de Trump en EU (2017-2021) y, previamente, un crítico de la administración panameña del Canal. El contrato entre BGR y el Gobierno panameño ascendería a 2.5 millones de dólares.
BGR Group habría subcontratado la firma cabildera Vantage Knight para contar con los servicios de Manny Ortiz, un reconocido estratega con lazos en el Partido Demócrata de EU.
Según su perfil profesional, Ortiz tiene experiencia en temas como inmigración, transporte y servicios financieros.
La contratación de estas firmas buscaría fortalecer la posición de Panamá ante los cuestionamientos y presiones externas, aunque no hay precisión sobre cómo ni cuánto terminará costando al erario público.
La narrativa Trump
La retórica de Trump sobre el Canal de Panamá se ha centrado en criticar a la administración panameña, señalando la supuesta interferencia de China en las operaciones de la vía interoceánica y tachando de injustos los peajes a los buques estadounidenses.
En este contexto, los mismos argumentos han sido utilizados por Marco Rubio, secretario de Estado de EU, y Mauricio Claver-Carone, enviado especial de EU para América Latina, abriendo el paso a señalamientos sobre supuestas violaciones al Tratado de Neutralidad del Canal.
En principio, la visita de Rubio a Panamá se percibió como un intento de calmar las tensiones entre ambas naciones. Sin embargo, un confuso anuncio del Departamento de Estado de EU, tras la visita, generó dudas sobre las reales intenciones de su encuentro con el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Los funcionarios estadounidenses habrían afirmado que Panamá ofreció el pase sin tarifa a los buques militares estadounidenses por el Canal, lo cual fue negado por las autoridades panameñas.
Por otro lado, la más reciente declaración de Washington sobre el tema fue hecha por Claver-Carone, el pasado 12 de febrero en Político, donde volvió a insistir en la supuesta violación al Tratado de Neutralidad por la presencia de compañías chinas que administran dos puertos en la Riviera del Pacífico y el Atlántico del Canal.
Las recientes declaraciones de Claver-Carone sugieren que los intereses de la administración de Trump sobre el Canal persisten, y la contratación de empresas estadounidenses por parte de Panamá, para que trabajen a su favor, dejan entrever que la amenaza sigue latente.
