Isabel Becker se resistía a abandonar su finca en la que vivió por más de 30 años, a orillas del río Changuinola, en la comunidad de Charco La Pava, corregimiento de Valle Risco.
Durante ese tiempo no solo habitó esa región, sino también el resto de su familia que construyó alrededor.
Todos convivían dentro de un área protegida, como es el Bosque Protector Palo Seco, creado por el Decreto No. 25 del 28 de septiembre de 1983, que funciona como área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).
Para Becker, al igual que el resto de indígenas ngöbes que viven en Charco La Pava, era claro que ese decreto les imponía restricciones para desarrollar cualquiera actividad de subsistencia.
Específicamente, el artículo 3 de la mencionada norma prohíbe la tala de árboles, la quema, la caza y en general toda actividad agropecuaria o de silvicultura que no haya sido autorizada por las autoridades ambientales solo para fines de subsistencia de las familias.
Este artículo tuvo una leve modificación, mediante el Decreto No. 71 del 1 de junio de 2006, para beneficiar a los moradores al señalar que "las familias cooperadoras del Bosque Protector de Palo Seco podrán solicitar permisos para desarrollar actividades con fines de subsistencia".
Sin embargo, un considerando del decreto varió y dejó una ventana abierta para que la empresa Aes Changuinola entrara con su maquinaria a represar al río Changuinola y desalojar algunas familias como la de Isabel Becker.
ASUNTO DE TÉRMINOS
Para los representantes de la empresa no se trata de un desalojo, sino de un reasentamiento de las 159 familias (856 personas) que deberán abandonar sus fincas como consecuencia del proyecto.
Ernesto López, morador del área, tiene otra opinión al respecto. Cree que se trata de una burla del Gobierno para los indígenas. "A nosotros nos prohíben talar árboles y nos multan hasta por entrar al bosque, pero le entrega a los empresarios esta riqueza natural", manifestó.
Y es que mientras el decreto inicialmente hablaba de que el Gobierno "está facultado para negar la ocupación y adjudicación de tierras en aquellas zonas que se reservan para fines de utilidad pública", con la modificación se estableció que "dentro del Bosque Protector de Palo Seco se realizan diversas actividades, tanto para la generación de energía renovable como para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales".
Un año después de la modificación del decreto, el pasado 23 de mayo la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) suscribió el contrato con Aes Changuinola para la concesión de 6 mil 215 hectáreas dentro del Bosque Protector de Palo Seco.
Se trata de zonas ocupadas por indígenas ngöbes de Charco La Pava y otros moradores de la comunidad de Valle de Risco mucho antes de que se creara la zona protegida.
Los últimos meses han sido intensos, pero el pasado 25 de octubre Isabel Becker cedió su lucha y otorgó sus derechos posesorios a Aes Changuinola, que ese mismo día realizó el acto de colocación de la primera piedra al proyecto hidroeléctrica Chan 75 (Changuinola I) con una capacidad de 223 megavatios y una inversión de 500 millones de dólares.
La empresa estima que los trabajos de construcción concluyan en abril de 2011.
Becker fue reubicada en otra finca que la empresa adquirió para ella como parte del compromiso para que cediera sus derechos posesorios.
A principio de año, otras familias han hecho lo mismo, algunas se encuentran reubicadas en la comunidad Finca 4, donde la compañía les entregó una casa con sus muebles.
Pero, detrás de esa reubicación familiar existen expedientes sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, que además adelanta una investigación de oficio por daños ambientales.
Incluso, las denuncias han sido presentadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La primera para que atienda la situación social, y la segunda, el aspecto ambiental.
Uno de los organismos que ha presentado las denuncias es la Alianza para Conservación y el Desarrollo (ACD) que ha seguido de cerca el proceso de desalojo y ha manifestado su preocupación por el peligro ecológico que representa la hidroeléctrica. Menciona la devastación de áreas boscosas y la vulnerabilidad de especies acuáticas diádromas (que se desplazan entre mar y ríos).
DESCONTENTO
Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, señaló que estos megaproyectos se deben hacer con el consentimiento de las comunidades afectadas. Pero el aval de los moradores debe expresarse libremente y no bajo presión. "Evidentemente los indígenas han sido presionados para que firmen un acuerdo que algunos de ellos no entienden", dijo.
Este es el caso de Patricia Castillo, hija de Isabel Becker, que vive en Finca 4, luego de firmar un acuerdo con la empresa con el que ahora no se siente satisfecha.
El contrato firmado el pasado 15 de junio compromete a la empresa con el pago mensual de 2 mil dólares hasta por un periodo de 42 meses. Adicional del pago de una "bonificación" de 8 mil dólares.
El contrato establece que al final de los 42 meses la empresa adquirirá una finca "y con esto finaliza el pago de los derechos posesorios" sobre un globo de terreno de 150 hectáreas. Castillo, quien no sabe leer ni escribir, sostuvo que el compromiso que ella adquirió con la empresa era de alquiler del terreno y no de traspaso del derecho posesorio.
María Icela Meléndez, directora de Asuntos Ecológicos de la Defensoría y quien visitó las comunidades, explicó que la entidad velará para que se respeten los derechos de los indígenas.
Ligia Castro, administradora de la Anam, señaló que la empresa debe entregar los acuerdos notariados en la entidad.
Por su parte, Humberto González, gerente general de Aes Changuinola, consideró que el proceso de negociación y de reasentamiento ha sido transparente. Las negociaciones y el traslado de familias a otras fincas se ha hecho en coordinación con autoridades del Gobierno Central y el gobierno local.
Aes Changuinola contrató a la firma Gestión Urbanas para que realizara los estudios socieconómicos de las familias. Esta empresa, dijo González, no solo se ha encargado de los estudios, sino también a capacitar a las familias sobre la administración de sus bienes económicos y de alternativas de subsistencia.
Las familias deciden dónde y cómo desean las fincas que se le s adquieren, recalcó.
