El Consejo Municipal del distrito de San Lorenzo, en Chiriquí, aprobó un acuerdo municipal que aumenta en al menos cinco veces los gastos de representación que recibe el alcalde de ese empobrecido distrito.
Esto como respuesta a la orden de la Contraloría que suspendió de forma definitiva el pago de los gastos de movilización que permitía a algunos alcaldes tener ingresos de hasta $10 mil mensuales.
El Consejo Municipal de San Lorenzo aprobó trasladar $30 mil del presupuesto asignado a los gastos de movilización al renglón que pagaría ahora gastos de representación. Con lo aprobado el alcalde, César Raúl Hernández, pasará de recibir $400 en gastos de representación a $2 mil 100.
Según datos entregados por la propia Contraloría, antes de que se suspendieran los gastos de movilización, Hernández, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recibía $1,400 mensuales en gastos de movilización.
El acuerdo municipal se refiere directamente a la suspensión del pago de gastos de movilización por parte de la Contraloría. Además, se plantea que lo acordado tiene efecto retroactivo, dado que “los fondos están disponibles y son de interés social”. Es decir, se le pagará el monto correspondiente a lo asignado para gasto de representación a partir del 1 de febrero de 2022. Así se detalla en el acuerdo.
También se le asignaron gastos de representación al presidente del Consejo Municipal (Juan Carlos González) y al tesorero del mismo (Luis Ortiz). Se trata de un pago mensual de $400 y $200 respectivamente. En total, el Municipio pagará $2 mil 700 mensuales en gastos de representación.
Este municipio, en el que viven unas 8 mil personas, tiene niveles de pobreza y pobreza extrema superiores al 70%. Está conformado por cinco corregimientos.
El presupuesto total para la vigencia fiscal 2022 es de 1.1 millón de dólares.
¿Flexibilizarán las compras menores?
El pasado 13 de abril la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 650, que modifica el mecanismo para las contrataciones menores en los municipios, juntas comunales, consejos provinciales y comarcales. El mismo permitiría flexibilizar la fiscalización para compras menores a $50 mil. El Ejecutivo aún no decide si lo veta o lo sanciona.
Al igual que San Lorenzo, varios municipios han maniobrado para tratar de compensar los ingresos perdidos por la decisión de la Contraloría. Por ejemplo, el Consejo Municipal de La Chorrera hizo un traslado de partida de $720 mil para “transporte de personas dentro del país”.
Un poco antes, en Arraiján se aprobó un aumento de salario a 12 varios funcionarios que recibían gastos de movilización. Pero ese acuerdo se derogó.
