Casi $1 millón que el Metro de Panamá entregó al Municipio de Arraiján para obras vinculadas a la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena permanece sin una explicación clara sobre su destino.
Yohana Saldaña, presidenta del Consejo Municipal, afirmó a La Prensa que la alcaldesa Stefany Peñalba no ha explicado qué ocurrió con los recursos. Por ello, el gobierno local solicitó al contralor Anel Flores una auditoría para determinar qué pasó con el dinero y si fue utilizado para los fines previstos.
Del monto, de poco más de $900 mil, unos $211 mil estaban destinados a la compra de un terreno y la construcción de la sede de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.
También se contemplaban recursos para un anfiteatro, un gazebo y una infoplaza. Según Saldaña, el Municipio recibió el dinero hace más de un año, pero la representante del corregimiento, Raquel Murillo, no ha recibido los recursos para desarrollar las obras.
“Lo que tenía que hacer ella era comprar el terreno y construirlo hace más de un año”, explicó Saldaña. La funcionaria sostiene que la administración municipal no ha aclarado qué ocurrió con esos fondos.
Otro monto bajo cuestionamiento
El caso se suma a otros $585 mil que, según Saldaña, fueron depositados por Más Móvil para financiar cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Arraiján. La presidenta del Consejo Municipal afirmó que la administración de Peñalba tampoco ha rendido cuentas sobre ese dinero.
Ambos casos corresponden a recursos entregados durante la administración anterior. Según Saldaña, los compromisos quedaron bajo responsabilidad de la actual gestión municipal. Ahora, el Consejo espera que la auditoría solicitada a la Contraloría permita esclarecer el manejo de ambos montos.
Fondos para las juntas
Además, los representantes de corregimiento pidieron a la Contraloría investigar lo que consideran una “retención ilegal” de fondos destinados a las juntas comunales del distrito.
Según la queja presentada en la Nota CM/2026-395, con fecha del 30 de septiembre de 2026, las autoridades locales están recibiendo únicamente el 50% de las transferencias presupuestarias necesarias para su funcionamiento operativo y administrativo. Los representantes consideran que se trata de una reducción drástica, ejecutada sin sustento legal ni la debida aprobación de la cámara edilicia.
“La administración municipal no ha aclarado qué ocurrió con esos fondos.”
La solicitud exige determinar el fundamento legal de la retención, evaluar la procedencia del procedimiento frente a las normas de hacienda municipal vigentes y establecer las acciones de ajuste correspondientes para restablecer de inmediato el flujo del 100% de los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal.
Este medio intentó obtener una versión de Peñalba, pero, al cierre de la edición, no había recibido respuesta.
