De acuerdo con las proyecciones de Associated Press (AP), las elecciones de medio término de Estados Unidos produjeron un giro significativo en la política estadounidense: los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Para América Latina, el cambio no garantiza una política más favorable, pero obliga a sus gobiernos a atender dos frentes: la Casa Blanca, que conduce la política exterior, y un Congreso con capacidad para condicionar recursos, modificar leyes y fiscalizar decisiones. La pregunta no es únicamente quién ganó, sino qué puede cambiar para cada país de la región.
A diferencia de Panamá, que cuenta con una Asamblea unicameral, Estados Unidos tiene un Congreso bicameral, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. La mayoría en ambas cámaras permite a los demócratas orientar la agenda legislativa y las investigaciones parlamentarias, aunque no les concede el control del Ejecutivo.
Ese reparto de atribuciones explica por qué el resultado electoral importa, pero también por qué sus efectos tienen límites. El Congreso puede aprobar legislación y decidir sobre recursos; el presidente conserva amplias competencias diplomáticas y puede vetar proyectos. A su vez, los legisladores pueden superar un veto ordinario con dos tercios de los votos emitidos en cada cámara, siempre que haya cuórum.
Implicaciones para la política interna
Las elecciones de medio término, más allá de constituir un ejercicio de renovación de la representación política, ofrecen señales sobre las prioridades del electorado estadounidense. Estos comicios pueden modificar el equilibrio institucional durante la segunda mitad del período presidencial, con consecuencias que trascienden las fronteras del país.
En estos comicios estuvieron en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y las gubernaturas de 36 estados. Las victorias demócratas en contiendas senatoriales de estados como Texas y Carolina del Sur muestran el alcance del cambio electoral. Sin embargo, no bastan para concluir que existe un realineamiento duradero del electorado o una preferencia generalizada por figuras más jóvenes.
Para la administración de Donald Trump, el nuevo escenario supone negociar con una oposición que tendrá mayores herramientas institucionales para examinar su gestión. Esto puede traducirse en acuerdos, modificaciones de propuestas o bloqueos. Ninguno de esos resultados está determinado de antemano por el cambio de mayoría.
Lo que significa para América Latina
Cada país de América Latina representa una realidad diferente, especialmente cuando se trata de sus relaciones con Estados Unidos. El resultado electoral no supone necesariamente un giro completo de Washington hacia la región. La protección de sectores estratégicos y determinadas prioridades de seguridad pueden generar coincidencias entre demócratas y republicanos, aunque existan diferencias sobre los instrumentos para alcanzarlas.
Conviene distinguir tres ámbitos en los que el Congreso puede influir: las reglas comerciales, los fondos de cooperación y la supervisión de las decisiones del Ejecutivo. Esa influencia no equivale a una reversión automática de las políticas vigentes, pero abre espacios de negociación que los gobiernos latinoamericanos deberían identificar.
En materia comercial, el Ejecutivo conduce las negociaciones y administra buena parte de los instrumentos disponibles, mientras el Congreso conserva competencias constitucionales relacionadas con el comercio internacional y los aranceles.
Para México, por ejemplo, resulta relevante distinguir entre una medida que Washington puede adoptar con facultades ejecutivas y otra que requiere modificar una ley. La respuesta diplomática y comercial no puede ser idéntica en ambos casos: según el instrumento, será necesario negociar con la administración, buscar interlocutores legislativos o actuar en ambos frentes.
Por ello, la nueva mayoría puede facilitar o dificultar iniciativas comerciales y promover cambios en las normas que sustentan determinadas medidas arancelarias. Sin embargo, sería equivocado asumir que el resultado electoral implica automáticamente una reducción de las barreras comerciales o un retorno a una política de mayor apertura.
Para Panamá, la distinción tiene otra aplicación. Las decisiones estadounidenses relacionadas con el Canal y la cooperación en seguridad requieren seguimiento tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Las comisiones pueden solicitar explicaciones sobre las actuaciones de la administración y el Congreso puede debatir los recursos destinados a sus programas. Esa fiscalización ofrece un espacio para presentar los intereses panameños, pero no garantiza que los legisladores los compartan.
México y Panamá ilustran una misma necesidad: construir relaciones con instituciones y con representantes de ambos partidos, en lugar de concentrar la diplomacia en la afinidad con un presidente. Los interlocutores legislativos importan incluso cuando no coinciden con las posiciones del gobierno latinoamericano que los busca.
En cooperación migratoria, seguridad y combate al crimen organizado, la nueva configuración del Congreso puede incidir en los recursos y las condiciones de determinadas iniciativas. Para Centroamérica y el Caribe, esto exige examinar los programas concretos de los que participan: qué fondos requieren aprobación, qué condiciones podrían discutirse y qué resultados deberán demostrar.
La continuidad de esos temas en la agenda no garantiza relaciones más predecibles. Una prioridad compartida, como combatir el crimen organizado, puede generar desacuerdos sobre los métodos, las responsabilidades y el financiamiento.
En inversión e integración económica, los efectos dependerán de la exposición de cada país al mercado estadounidense, de los acuerdos vigentes y de las decisiones de las empresas. Esta diversidad exige respuestas nacionales, además de esfuerzos regionales para mejorar la competitividad y diversificar mercados y proveedores.
La región tampoco debería confundir diversificación con sustitución inmediata de su relación con Estados Unidos. Ampliar mercados requiere capacidad productiva, infraestructura y reglas que permitan sostener nuevas inversiones y exportaciones. Es una tarea propia que no puede quedar suspendida a la espera de las decisiones de Washington.
Frente a los cambios políticos de sus socios, América Latina debe fortalecer sus capacidades productivas y diversificar sus relaciones económicas.
Sus gobiernos necesitan ampliar sus interlocutores en ambos partidos, fortalecer sus equipos de negociación comercial y ofrecer reglas estables para la inversión. La estabilidad, la previsibilidad y la confianza se construyen con instituciones y políticas sostenidas. La relación con Washington no puede depender de la expectativa de que una elección estadounidense resuelva las debilidades de la región.
El autor es internacionalista.
