Ha sido un largo año para la Corte Suprema, en especial para un grupo de magistrados cuyos fallos han sido blanco de la crítica ciudadana que ha exigido su renuncia. Pocas veces antes el poder judicial había dado tanto de qué hablar.
Los magistrados –en cambio– se sienten víctimas de una campaña de los medios, que los han convertido en "arrinconados sociales". Se quejan de un orquestado empeño de descrédito a sus decisiones judiciales a través de denuncias que vulneran su autonomía. Según el presidente de la Corte, José Troyano, se trata de "terrorismo judicial".
Pero lo cierto es que algunos magistrados han favorecido con sus fallos a sus amigos, han impedido investigaciones y, en consecuencia, han obstaculizado aclarar escandalosos casos, o simplemente se cruzan de brazos y no hacen nada.
Algunos procesos emblemáticos, por ejemplo, son el de Ports Engieering and Consultans Corp. (PECC); ARI contra Figali; las partidas discrecionales de los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso o la equiparación de Panama Ports Company.
No en vano 18 organizaciones acudieron –aunque infructuosamente– a la Asamblea Nacional a denunciar a los magistrados Troyano, Salas, Hoyos, Spadafora (y su suplente, Jacinto Cárdenas), Alberto Cigarruista y Graciela Dixon (y su suplente, Roberto González), por supuesto incumplimiento de sus deberes.
Y como se sabe, la denuncia sufrió otro escandaloso destino: fue archivada. La razón argumentada fue que los documentos aportados no eran suficientes para ser considerados la prueba sumaria que debe acompañar toda denuncia contra un servidor público. Las protestas no tardaron en llegar: "una mano lava la otra", "complicidad", etc.
Y mientras las caras de los magistrados eran lavadas por la Asamblea, la Embajada de Estados Unidos en Panamá decidió airear algunos trapos sucios de Spadafora. La visa que le permitía visitar a ese país le fue revocada a pocos días de que venciera. "Este señor [Spadafora] no va a ir a Estados Unidos a disfrutar el dinero de actos de corrupción", dijo un vocero de la Embajada estadounidense en Panamá.
La presidencia de Graciela Dixon –que empieza la próxima semana– ya la cubre un manto gris: ella tampoco tiene visa para ir a Estados Unidos.
La noticia de los nuevos nombramientos en la Corte no ha sido recibida como buena. Ello hace suponer que en 2006 la Corte seguirá siendo blanco del escrutinio ciudadano.
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