La mora judicial está presente no solo en la Corte Suprema de Justicia sino que también se extiende a otros estamentos que administran justicia. Ayer, el ex dirigente civilista durante los tiempos del noriegato, Alberto Conte, denunció que tiene más de 15 años de tener un caso en los tribunales superiores sin obtener una respuesta final.
Conte explicó que, posterior a la invasión a Panamá por parte del Gobierno de Estados Unidos en 1989, presentó una demanda contra el Estado para que le pagara por los daños y perjuicios que sufrió durante la dictadura militar.
El caso -dijo- ha pasado por todas las instancias que se requieren y en todas se ha aprobado la demanda, también se han presentado apelaciones, pero las argumentaciones y los hechos han sido más contundentes.
El 23 de junio de 2001, el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá determinó que se debía resarcir a Alberto Conte, sin embargo, el caso no se tramitó y se mantuvo por tres años en ese despacho.
No es sino hasta el mes de septiembre del año pasado que el Tribunal Superior Civil dicta una fallo a favor de Alberto Conte para que el Estado le pague por los daños y perjuicios. No obstante, un mes después, el Ministerio Público apela la decisión y se suspende el proceso. Ahora, por la apelación que se presentó, el caso pasó al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en donde funcionarios le han informado a Conte que la revisión del caso tomará varias semanas y la resolución llevará meses.
Conte dijo que durante la dictadura se vieron afectados, además de sus cinco empresas, 100 empleados y 35 años de trabajo. Agregó que las afectaciones son de tipo mental, físico y moral. También le robaron aparatos, como cámaras filmadoras, de su empresa de producción de audiovisuales.
