La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) avanza en la investigación que abrió el pasado 27 de octubre por los auxilios económicos que entregó el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) a personas cercanas a figuras políticas.
El pasado 16 de noviembre, la Antai envió una carta a Bernardo Meneses, director del Ifarhu y a Gerardo Solís, contralor general de la República. Les dio cinco días hábiles para que respondieran, plazo que vence hoy miércoles. La Antai solicitó a Meneses que le suministre copia autenticada de 13 expedientes de allegados a políticos, la mayoría del oficialista Partido Revolucionario Democrático, que recibieron auxilios económicos para estudiar en otro país.
Pidió por ejemplo, el expediente de Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; el de Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional, ($15 mil); el de Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); así como el de María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay y antigua asistente Meneses.
En la Antai informaron a este medio que la entidad respondió “parcialmente”.
Mientras que a Solís le solicitó información del registro de “quienes hayan realizado la descarga de la información referente a los contratos de auxilios económicos en el periodo de 2019 a 2022, o en su defecto el listado de los usuarios que tuvieron acceso a este aplicativo o a la base de datos de dichos contratos en ese mismo periodo”. Añade que lo requerido es “a fin de que conste como elementos de convicción en la investigación que dirige esta institución como ente rector en materia de transparencia y acceso a la información”.
La investigación de la Anati surgió a raíz de una denuncia que interpuso el abogado Ernesto Cedeño, quien incluso solicitó una auditoría sobre el tema; pero en este caso la entidad informó que no tenía competencia para hacer ese trámite, por lo que remitió el expediente a la Contraloría.
El contralor firmó los refrendos para el pago de estos auxilios económicos, pero a la fecha, se desconoce si se está haciendo la auditoría. Mientras que el pasado 9 de noviembre, la Contraloría indicó a Cedeño que no refrendará pagos de auxilios económicos, “siempre que se funden en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida”.
