La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (Antai) inspeccionó esta semana los departamentos de dos instituciones del Estado, por denuncias de presunta venta de datos personales.
En el día de ayer, martes 6 de diciembre, realizaron una inspección sectorial en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), como parte de una investigación por la supuesta venta de datos personales a financieras y bancos. El día anterior, lunes 5 de diciembre, hicieron lo mismo en la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de una investigación similar a la del Idaan y que también involucra a bancos y financieras.
“Hemos recibido varias denuncias sobre posible venta de datos personas en varias instituciones”, indicó la directora del Departamento de Protección de Datos de la Antai, Yelenis Ortíz.
Contó que ya son 10 denuncias, que podrían abarcar a nueve entidades y consisten en vender el contenido y acceso a bases de datos, una práctica que vulnera la Ley 81 de 2019. Solo se conoció que algunas denuncias estarían ligadas al Idaan y la CSS, por lo que se desconoce cuáles serían las otras entidades a las que alude Ortíz.
Quejas de jubilados
La mayoría de los reclamos vinculados a la CSS partieron de quejas de jubilados, que expresaron que recibían ofertas de préstamos y servicios crediticio por correo y llamadas telefónicas, sin haber dado sus datos personales. La información manejada en el expediente de Antai indica que los contactos eran presuntamente vendidos a financieras por $100. En otros casos, la venta habría sido desde $50 a empresas de servicios públicos y concesionarias de automóviles.
Ortíz explicó que las denuncias fueron remitidas al Ministerio Público (MP). “Dado que esto constituye un delito, puesto que esas bases de datos han sido obtenidas de manera ilícita, nosotros hemos dado conocimiento al conocimiento al MP, para que la fiscalía especializada realice la investigación”, dijo Ortíz.
Antai pretende medir “el nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos y qué medidas se han tomado para evitar esa transferencia de datos de forma ilícita”, indicó Ortíz.
“Debemos evaluar si se han aplicado medidas técnicas o administrativa para evitar que algún servidor público pueda tener acceso más allá del perfil de su cargo y luego transferir la información”, agregó.
Para eso, continuará con nuevas inspecciones en el marco de un proceso administrativo en el que podrá imponer multas que van de $1,000 a $10,000, según lo establecido en la Ley 81.
