Antai ordena a la AND que entregue información sobre la descentralización paralela

Antai ordena a la AND que entregue información sobre la descentralización paralela
El diputado Juan Diego Vásquez ha presentado varias acciones judiciales para que se le entregue información oficial sobre el uso que se le dan a los fondos provenientes de la descentralización. LP Isaac Ortega

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) determinó que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) “incumplió” con el deber legal de proporcionar una respuesta oportuna a una solicitud hecha por el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez.

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La AND recibió el 6 de enero de 2023 solicitudes de parte de Vásquez para obtener mayor información sobre la descentralización paralela.

Sin embargo, las respuestas otorgadas por la AND, dirigida por Edward Mosley Ibarra González, “no abarcan todos los puntos solicitados” por el diputado del circuito 8-6.

Según la Antai, quedaron pendientes las solicitudes de las juntas comunales y municipios para la asignación de fondos adicionales, otorgados al margen de los dos programas contemplados en la Ley de Descentralización: el del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) y el del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).

En una resolución, la Antai señala que también hizo falta el detalle de todos los fondos transferidos desde 2019 hasta la fecha, de la respuesta de la nota por parte de la AND a las juntas comunales y municipios cuyos fondos provienen del presupuesto del Estado y de “las razones por las que se transfirieron los montos antes mencionados a determinadas juntas comunales y municipios y no a otras instancias del gobierno local”.

La Antai ha dado un plazo de 10 días a la AND para entregar a Vásquez la información que quedó pendiente de respuesta.

A su vez, en la resolución se advirtió que el incumplimiento de lo ordenado por la Antai acarrea la imposición de las sanciones establecidas en los artículos 40 y 42 de la Ley 33 de 25 de abril de 2013.

En este caso se trata de multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual.



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