La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) recomendó la destitución de 19 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) como resultado de una investigación que se inició de oficio contra 86 colaboradores de esa casa de estudios.
La medida forma parte de un proceso administrativo en primera instancia que aún se encuentra en desarrollo.
La directora de la entidad, Sheyla Castillo, informó que hasta el momento se han sancionado a 32 servidores y que la decisión sobre los 19 señalados constituye el primero de cinco expedientes en curso. “Este es el primero de cinco expedientes”, puntualizó Castillo a este medio.
La funcionaria explicó este lunes 22 de septiembre que ya se notificó formalmente a los señalados y aclaró que los fallos solo se comunican a la ciudadanía cuando están en firme. “Hoy se está notificando”, precisó, subrayando que la medida forma parte de un proceso más amplio que aún continúa.
Las investigaciones
Desde octubre de 2024, la Antai ha desarrollado una investigación de oficio contra la Unachi tras recibir indicios de posibles faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos. Entre los aspectos revisados, Castillo destacó acusaciones relacionadas con prácticas de nepotismo y conflictos de interés.
Durante 2024 y 2025, funcionarios de la Antai realizaron varias diligencias de inspección dentro de las instalaciones de la universidad, ubicadas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, como parte de la fase de recopilación de evidencia.
La revisión de la planilla de la Unachi ha revelado una situación inusual: varios colaboradores, en su mayoría profesores, perciben salarios superiores a los $7,000 mensuales, cifra equivalente al sueldo del presidente de la República, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la institución.
En total, la planilla de la universidad incluye aproximadamente a 2,000 colaboradores entre personal administrativo y docente. Más de 200 de estos empleados reciben remuneraciones de $7,000 o más al mes, lo que representa un gasto mensual cercano a $1.5 millones y un desembolso anual de alrededor de $18 millones solo para este grupo.
Además de los altos salarios, se han denunciado prácticas que favorecen la inclusión de clanes familiares dentro de la planilla, un factor que la Antai ha señalado como parte de las irregularidades que motivan la investigación y las recomendaciones de destitución.
