La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado a que la discusión sobre las reformas electorales incluya una revisión integral del mecanismo de revocatoria de mandato, sus causales, plazos y garantías.
A juicio del gremio, este instrumento debe aplicarse bajo criterios de equidad y legalidad para todos por igual, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y proteger la institucionalidad democrática.
El pronunciamiento surge en medio de un creciente número de solicitudes de revocatoria de mandato presentadas ante el Tribunal Electoral en las últimas semanas. Según cifras oficiales, al menos diez peticiones han sido interpuestas contra autoridades electas por libre postulación, en un lapso menor a un mes.
Aunque la revocatoria es un derecho ciudadano legítimo, la Apede advirtió que su uso intensivo y concentrado en tan corto tiempo puede poner en riesgo la estabilidad institucional y la representatividad política del país.
Actualmente, el Código Electoral establece que, para iniciar un proceso de revocatoria contra una autoridad electa por la libre postulación, se deben presentar pruebas del presunto incumplimiento de su mandato y recolectar firmas equivalentes al 30% del padrón electoral de la circunscripción correspondiente.
No obstante, el gremio empresarial señala que existe una clara asimetría: mientras los representantes de partidos políticos solo pueden ser revocados mediante procesos internos impulsados por sus propios colectivos, los candidatos independientes pueden enfrentar este procedimiento a solicitud de cualquier ciudadano, sin necesidad de una justificación concreta.
“Esta desigualdad afecta el principio de igualdad política y amenaza la legitimidad de una figura que ha ganado espacio como alternativa a los partidos tradicionales”, advierte la organización.
