A golpe de curul el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 29 de abril, en tercer debate el proyecto de ley 10 , que reforma la Ley 22 sobre contrataciones públicas, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo.
Los reproches y las inconveniencias del proyecto volvieron a plantearse en el pleno por parte de los diputados de la bancada de libre postulación y la perredista Zulay Rodríguez. Sin embargo, en mayoría, la bancada del Partido Revolucionario Democrático, de Cambio Democrático, del Partido Panameñista y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista avalaron el documento.
Con la nueva propuesta aprobada se reduce a tres años la inhabilitación para contratar a empresas confesas por corrupción, que reconocen la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública.
"Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena reconociendo la comisión de hechos delictivos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, seguridad colectiva , delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de tres años", señala el numeral nueve del artículo 12 del proyecto.
En la propuesta vetada por Cortizo , los diputados establecieron una inhabilitación sin fijar un término, por lo que, el Ejecutivo sugirió se estableciera el mismo.
Se estableció también el término de inhabilitación por cinco años a los condenados por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública y demás delitos. “En el caso de las personas naturales y jurídicas haber sido condenadas en los cinco años que anteceden a la convocatoria de actos públicos con sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva , delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sea personas naturales con penas de prisión de uno o más años por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos la incapacidad legal se extenderá hasta por cinco años”
Raúl Pineda, diputado a favor de este proyecto, indicó que estas modificaciones son importantes “porque (anteriormente) le daba capacidad a los contratistas e impugnar" lo que detenía la obra, como el caso de la ciudad hospitalaria y la licitación del Hospital del Niño.
Pineda agregó que se han corregido los vetos que hiciera el presidente Laurentino Cortizo y se ha enviado nuevamente al Ejecutivo a espera de sanción del mandatario.
Para el diputado, esta ley busca que todas las obras del gobierno se liciten y “quien tenga algo que impugnar que ponga una fianza alta para que no se detengan el desarrollo del país”
“No es una ley perfecta, pero es una herramienta mucho mejor que la que teníamos, hemos avanzado y creo que vamos a tener que seguir avanzando en el perfeccionamiento de la ley en el tema de transparencia”, dijo.
