El proyecto de ley que permitirá la reutilización de libros escolares en centros educativos particulares y públicos fue aprobado por pleno de la Asamblea Nacional en tercer debate este miércoles 19 de agosto.
La iniciativa establece que los textos escolares tendrán una vigencia de cinco años, con el objetivo de evitar que los padres de familia tengan que comprar nuevos libros cada año, una práctica que representa un gasto adicional, especialmente para quienes tienen hijos en colegios privados.
El proyecto fue presentado por el diputado independiente Betserai Richards, quien destacó que la medida busca aliviar la carga económica que enfrentan las familias al inicio de cada año escolar.
Richards explicó que la iniciativa pasó por el proceso de prohijamiento en la Comisión de Educación de la Asamblea y posteriormente lograron incluirla en el orden del día para su discusión y aprobación en segundo y tercer debate.
“El proyecto busca fortalecer y fomentar un programa de reutilización de textos escolares tanto en colegios particulares como en colegios públicos”, señaló.
La iniciativa plantea, entre otras cosas, que la adquisición de textos, útiles y uniformes escolares se realizará libremente fuera de los centros educativos.
El diputado recordó que ya existía una normativa para la reutilización de textos en el sector público, pero que había un vacío respecto a los colegios particulares.
Según Richards, esta situación generaba “una afectación económica” para miles de familias que, además de cubrir matrícula, uniformes y mensualidades, debían asumir cada año el costo de nuevos libros.
“El costo de comprar nuevos libros todos los años y no reutilizarlos, ya utilizados por generaciones anteriores, generaba un golpe en el bolsillo”, añadió.
Richards espera que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancione la iniciativa y que posteriormente se establezca su reglamentación, con la participación de instituciones como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Señaló que la entidad debería tener un papel en la fiscalización y sanción de aquellos centros educativos que incumplan la nueva normativa.
También cuestionó que algunos colegios particulares hayan utilizado la venta de textos escolares como una fuente adicional de ingresos y calificó la iniciativa como una “ley antimafia de textos escolares”.
De ser sancionada y reglamentada, la medida permitiría que los estudiantes puedan adquirir o reutilizar libros de compañeros de años anteriores, una práctica que Richards comparó con el tradicional intercambio o venta de libros usados en “Salsipuedes”. La norma entraría en vigencia una vez sea promulgada.
