La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate un proyecto de ley que hará público el registro de ofensores sexuales en Panamá.
La propuesta, presentada por la diputada Paulette Thomas, de la bancada independiente Vamos, obtuvo el respaldo de siete de los nueve diputados que integran la comisión.
La iniciativa modifica la Ley 244 de 2021, que creó el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, con el objetivo de convertirlo en una base de datos de acceso público y, de esta manera, contribuir a la prevención de este delito.
Según la exposición de motivos del proyecto, la Ley 244 de 2021 definió la “prevención situacional del delito” como la reducción de oportunidades para delinquir mediante modificaciones en el entorno. No obstante, en su aplicación actual, el registro funciona como una lista privada a la que solo tienen acceso los operadores de justicia, sin requisitos ni limitaciones para su consulta.
La proponente sustenta que esta situación desvirtúa el concepto de prevención, pues los operadores de justicia actúan únicamente después de que el delito ya ha ocurrido.
Asimismo, advierte que artículos clave de la ley vigente, como el 14 y el 15, se apartan por completo del propósito inicial, ya que en lugar de contribuir a disminuir las oportunidades de reincidencia, terminan ofreciendo un blindaje a los ofensores sexuales.
El proyecto de ley establece los siguientes aspectos: :
Registro público: La base de datos incluirá información de personas mayores de edad condenadas o que estén cumpliendo condenas por delitos sexuales, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de menores. A diferencia de lo que ocurre hoy, esta información será de acceso público.
Certificados de no agresor: El sistema permitirá emitir certificados que acrediten que una persona no figura en el registro de ofensores sexuales.
Acceso en línea: La información estará disponible a través de una página web administrada por el gabinete de archivos e identificación personal de la Dirección de Investigación Judicial, que también será responsable de mantenerla actualizada y segura.
Uso de la información: Los datos estarán destinados principalmente a la prevención de delitos y al apoyo de las investigaciones judiciales.
‘No podemos comparar este crimen con un celular robado’
Durante el debate, la diputada Thomas respondió preguntas de sus colegas relacionadas con el proyecto. Por ejemplo, Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático, consultó durante cuánto tiempo, después de cometido el delito, estará la información de los infractores en la página web.
Añadió que la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, trabaja en “esfuerzos inherentes” para lograr que las personas que han cometido delitos se reintegren a la sociedad. “Somos conscientes de lo que pasa hoy día en las redes sociales y de cómo la imagen y la honra de una persona de bien pueden quedar en entredicho en cuestión de minutos”, advirtió el diputado del circuito 8-6.
La diputada explicó que todavía no se ha establecido una fecha límite, pero recordó que no se trata de delitos menores. “No estamos hablando de alguien que robó un celular, un automóvil o que entró a una casa a llevarse algo que no le pertenecía. Estamos hablando de depredadores sexuales que están acabando con la inocencia de niños, niñas y adolescentes, o que están abusando de adultos, sean hombres o mujeres”, argumentó.
“No podemos comparar este crimen con un celular robado”, añadió.
El proyecto fue discutido en la primera sesión de la Comisión de Gobierno correspondiente a este periodo legislativo. Esta instancia es presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM).
