El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 183, para transferir fondos por 91.6 millones de dólares al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). El proyecto obtuvo 50 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
El debate estuvo marcado por cuestionamientos sobre la necesidad de recurrir a este mecanismo legislativo para concretar la transferencia de fondos.
El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, señaló que el proceso pudo haberse realizado directamente a través de la Comisión de Presupuesto sin necesidad de pasar por el Pleno Legislativo.
“No era necesario, desde el punto de vista jurídico, hacer este instrumento para decretar una transferencia. Se hubiera podido hacer de manera más simple en la Comisión de Presupuesto, como quedó claro en el debate”, afirmó.
Si bien la aprobación de la transferencia fue vista como una medida necesaria para garantizar los pagos de los jubilados en febrero, el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zuñiga, reiteró que ve con preocupación la manera en que el gobierno manejó la presentación del proyecto.
“Esta crisis no es nueva. Año tras año, gobierno tras gobierno, se ha agravado la situación del Seguro Social. La responsabilidad de esta Asamblea es aportar soluciones reales y sostenibles”, enfatizó.
En segundo debate, al proyecto se le añadió un artículo que especifica que las transferencias deben pasar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para su aprobación y que esos fondos no pueden provenir del presupuesto destinado a inversión de las entidades públicas.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, afirmó que la presentación de la propuesta como una ley, en lugar de un traslado de partida en la Comisión de Presupuesto, buscaba reforzar la idea de que la CSS no tiene fondos. A pesar de ello, la bancada del PRD votó a favor del proyecto para garantizar el pago a los jubilados.
De igual forma, los diputados Augusto Palacios (Vamos) y Raphael Buchanan (PRD) cuestionaron la legalidad del procedimiento, señalando que en el pasado se han aprobado traslados de partidas sin necesidad de una ley.
Por su parte, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, argumentó que, al tratarse de una entidad autónoma, la normativa exige un proceso distinto.
Buchanan criticó la demora en la transferencia de recursos y cuestionó por qué no se trató como una emergencia.
Ante esto, el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, defendió que el debate en el pleno permitía mayor transparencia; sin embargo, Buchanan rechazó esta justificación y acusó al gobierno de manipular la opinión pública.
“Hoy nos vienen con esto, mañana se inventan otra cosa. Lo que siento es que la Asamblea Nacional está siendo secuestrada, porque buscan que aprobemos un proyecto bajo presión, cuando la manera correcta de hacerlo era otra”, concluyó.
En este caso en particular, la asignación de fondos adicionales es exclusivamente para hacerle frente a las pensiones, debido a la falta de dinero para el pago a los jubilados en el mes de febrero, tomando en cuenta que la CSS mantiene un déficit estimado del 22% para 2025, lo que representa un faltante de 615.7 millones de dólares, cifra que pone en riesgo la estabilidad del sistema.
En este sentido, el Gobierno central no estaba en la obligación directa de proporcionar los fondos para el pago de pensiones, ya que la Ley Orgánica de la CSS solo lo obliga a hacer un aporte anual de $140 millones para tal propósito.
Esta podría ser otra de las razones por las cuales el gobierno de José Raúl Mulino prefirió dejar consignada la obligación de dar los fondos a través de una ley, advirtieron varias fuentes consultadas.
