El proyecto de ley 23, que establece que los cargos de alta gerencia en las empresas estatales quedan excluidos del beneficio de las indemnizaciones establecidas en convenciones colectivas, fue aprobado nuevamente en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional este 6 de febrero.
En noviembre pasado, el presidente José Raúl Mulino había vetado parcialmente este proyecto por considerarlo “inconveniente”, ya que algunos artículos vulneraban derechos fundamentales de los servidores públicos y presentaban incongruencias con otras leyes.
Luego de resolver el veto presentado por el Órgano Ejecutivo, la propuesta, impulsada por la diputada panameñista Ariana Coba, fue aprobada con 50 votos a favor en el pleno de la Asamblea.
Coba señaló que la iniciativa permitirá al Estado ahorrar dinero en el pago de liquidaciones exorbitantes y, además, “se le hace justicia a los funcionarios que son destituidos sin derecho a nada”.
Afirmó que el objetivo es evitar interpretaciones erróneas. “Por eso, con los cambios se da consistencia legal a la norma jurídica que regula a las empresas estatales, con el propósito de fijar el tipo de prestaciones laborales a las que tendrán derecho las personas que ocupan determinados cargos, al tratarse en algunos casos de servidores de libre nombramiento y remoción”, indicó.
Esta propuesta, que busca impedir que los funcionarios con cargos de libre remoción en las empresas estatales reciban indemnización, surgió luego de que en junio de 2024 se destapara el escándalo de gerentes y directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) que recibieron jugosas indemnizaciones tras la aprobación de mutuos acuerdos.
Seis de estos acuerdos implican un desembolso de casi un millón de dólares. Por ejemplo, el gerente general de Etesa en la pasada administración gubernamental, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96.
